El grupo parlamentario Compromís-Podemos-És el Moment en el Senado ha solicitado al Gobierno la retirada de la orden del Ministerio de Industria que fija los peajes de acceso de energía eléctrica en 2016 porque considera que «carga a los consumidores de gas, las empresas y las economías domésticas la mala gestión y planificación que se ha llevado del Proyecto Castor de Vinaròs de almacenamiento subterráneo de gas natural.
Así lo reclaman los senadores de Compromís Carles Mulet y Dolors Pérez, quienes formalizaron ayer varias preguntas e iniciativas en el Senado para que el Gobierno derogue esta orden ministerial aprobada el pasado 17 de diciembre y publicada a finales de año en el Boletín Oficial del Estado (BOE), según informó la coalición en un comunicado.
La norma establece los peajes y cánones asociados al acceso de terceros a las instalaciones gasistas y la retribución de las actividades reguladas, con derecho a ser compensados por un periodo de 30 años.
Para Compromís, este periodo de tiempo es un «insulto» para los usuarios, ya que considera que «serán repercutidos sobre la tarifa del gas sin contraprestación por un servicio de almacenamiento que no se presta». Al respecto, recordó que las instalaciones de Vinaròs «están invernadas, no funcionan y causan temblores cuando se inyecta gas para su almacenamiento».
Mulet aseguró que la responsabilidad de estos problemas «le correspondería tanto a la empresa promotora de Castor», -Escal UGS- «como a la clase política que apoyó el proyecto y lo facilitó hasta el punto de poner el aparato legislativo y ejecutivo al servicio de un peligroso pelotazo en toda regla».
Asimismo, destacó que «a diferencia de las tasas o impuestos que se aprueban mensualmente sobre el recibo del gas, la ciudadanía no sabe ni tiene idea de qué costes se le van a repercutir sobre su recibo de gas», lo que ve como «completamente abusivo desde todos los puntos de vista».
«Hipocresía del PP»
En esta línea, el senador criticó el «ejercicio de hipocresía del PP» al «querer responsabilizar al cien por cien a los socialistas del Proyecto Castor cuando ellos fueron copartícipes y pusieron Diputación y Generalitat al servicio de unas plantas que causaron terremotos en el norte valenciano y nos convirtió, de nuevo, en la risa de Europa».
En otras preguntas presentadas al Senado, Compromís ha inquirido si se han abonado a Escal UGS las partidas de inversión que la Comisión Nacional de Energía (CNE) «denunciaba en 2012 que se habían adjudicado directamente partidas de obras y contrataciones externas de operación y mantenimiento» en el almacén subterráneo Castor «sin seguir los procedimientos concurrenciales necesarios, lo que pudo suponer sobrecostes al sistema». En caso afirmativo, la coalición ha solicitado saber cómo se subsanaron o clarificar el pago de estos fondos y saber a qué se debieron los «enormes» sobrecostes de Castor.
Por otro lado, Compromís ha pedido conocer a lo largo de cuantos años se abonarán «los 17 millones de euros anuales que cuesta mantener las plantas en estado de hibernación», saber a quién se le repercuten los costes y si el Gobierno «tiene previsto desmantelar las infraestructuras o si mantiene el interés estratégico del almacén Castor dentro del sistema gasista español».
