El Síndic de Comptes de la Comunitat Valenciana, Rafael Vicente Queralt, ha aprobado el informe de fiscalización de las cuentas generales de 2013 del Ayuntamiento de Navajas (sin aprobar ni rendir a la cuenta general). Un escrito que da a entender supuestas irregularidades en la contratación de obras, el incumplimiento de normas presupuestarias y de gestión, así como en el incumplimiento a la hora de aplicar subvenciones. El informe dejaría además en evidencia la «inoperatividad» del secretario que, entre otros aspectos, certificó al Síndic redactar «documentos con información falsa para recibir las subvenciones de la Diputació».
Con esta auditoría, el Síndic ratificaría el caos administrativo, de gestión económica y la falta de documentación por tramitar en la que anda sumido el consistorio navajero, uno de los ayuntamientos más endeudados en cuanto a deuda por habitante de España, durante la época de gobierno del alcalde popular, José Vicente Torres.
El Síndic destaca en la mayoría de capítulos la inexistencia de documentos con los que trabajar como los libros de la contabilidad municipal de 2013, ni la cuenta general, «lo que ha supuesto una limitación total a la auditoría de los aspectos financieros y, en especial, de la revisión del resultado presupuestario y del remanente de tesorería». Además, notifica, «la falta de rendición de cuentas y de la documentación requerida supone que se desconozca la aplicación de los fondos públicos gestionados por el Ayuntamiento».
Por otro lado, la sindicatura resalta que la fiscalización realizada pone de manifiesto «la inexistencia de un control interno adecuado» y «no consta que durante el ejercicio 2013 el secretario interventor haya realizado todas las funciones de control interno, en su triple acepción de función interventora, de control financiero y de control de eficacia» como, por ejemplo, la carencia de los registros contables que ha supuesto «no poder analizar la gestión y contabilización de los anticipos de caja fija y de los cobros y pagos pendientes de aplicación».
Dentro del capítulo del cumplimiento de la legalidad, en cuanto a las normas presupuestarias, el informe desglosa que no hay aprobación presupuestaria de 2013 y 2014, así como documentación de deuda, ni presupuesto para 2015. Asimismo, tampoco habría información periódica del pleno, el inventario de bienes sería el de 2009, no hay informes de estabilidad presupuestaria y no consta que «la secretaría-intervención haya proporcionado al pleno los informes de morosidad de 2013 ni de su remisión al órgano de tutela financiera de la Generalitat». Del mismo modo, el secretario-interventor certificó «que no se han elaborado las actas de la Junta de Gobierno de los ejercicios 2013, 2014 y 2015».
Normativa de contratos
El informe alerta además de incumplimientos significativos de la normativa aplicable a la gestión de contratación de algunas obras y destaca que «el órgano de contratación del Ayuntamiento (el alcalde o, en su caso, la Junta de Gobierno) no ha cumplido con las obligaciones legales de información contractual». En este sentido, el escrito matiza que el ayuntamiento certificó en 2013 y 2014 seis contratos (no menores) por un total de 444.485 euros, todos adjudicados «por procedimiento negociado sin publicidad». Se trata de la pavimentación de la calle la Torre y red de distribución de Altomira; la mejora del alumbrado y bombeo red de agua en Altomira; la redacción del Plan de reforma interior y unidad de ejecución 10; la reforma del edificio de la tercera edad; la urbanización de la calle Eustaquio Vercher y pavimentación y renovación de redes C/ San José y el reasfaltado camino Sobrellano.
Según el Síndic, con carácter general, los seis contratos revisados no cuentan con expedientes previos de intervención, no constan en los expedientes la justificación adecuada del procedimiento ni los criterios de adjudicación, algunos de ellos no se han solicitado ofertas a otras empresas a pesar de que se debía hacer, carecen de informes técnicos y valoración de ofertas y no consta evidencia acreditativa de la negociación del contrato con el licitador.
Queralt informa de que en la fase de preparación de la contratación en varios expedientes no se ha iniciado la tramitación motivando la necesidad del contrato, no consta la aprobación por el órgano de contratación del proyecto de obras, no tienen pliego de prescripciones técnicas y no hay declaración de urgencia motivada en algunos otros.
En referente a las fases de selección del contratista y la adjudicación, el Síndic describe en varios expedientes la falta de propuestas de adjudicación, la falta de acuerdo de adjudicación definitiva, la documentación que acredite las condiciones de aptitud del adjudicatario y las actas de comprobación de replanteo.
El Síndic alerta que de los seis expedientes, cuatro han recibido financiación de la Diputació provincial, y asegura que el secretario, en un documento firmado el 19 de noviembre de 2015, confirmó que los certificados emitidos "contenían información falsa con el objetivo de obtener las subvenciones de la Diputación Provincial de Castellón".Unas subvenciones de 22500 euros y 21.488 euros respectivamente para dos plantes provinciales que sí fueron ingresadas en las cuentas del ayuntamiento por la entidad provincial.
El informe también pone en duda la adjudicación en 2013 y 2014 de dos subvenciones nominativas a dos entidades musicales.
