10 de marzo de 2016
10.03.2016

Podemos exige medidas legales para recuperar la indemnización de Castor

La agrupación valenciana en el Congreso insta al Ministerio de Industria a desmantelar la planta, cuya reapertura no ha sido descartada

10.03.2016 | 00:26
Cadena humana en Vinaròs contra Castor.

La agrupación valenciana de Podemos en el Congreso exige al Gobierno que inicie las medidas legales necesarias para recuperar la indemnización por la suspensión de la planta de Castor. También insta a exigir a la empresa Escal UGS (que tenía la concesión del almacén de gas natural) que asuma las correspondientes responsabilidades ambientales, administrativas y económicas «por los más de mil terremotos causados por la actividad del proyecto Castor».

El grupo Podemos – En Comú – En Marea ha presentado una moción en la que también reclama el desmantelamiento de la plataforma. Industria cesó la actividad del almacén en octubre de 2013 tras los terremotos pero la dejó en hibernación, sin renunciar a su reapertura en el caso de que los informes solicitados a la Universidad de Stanford y de Massachussets que descarten un riesgo de seísmos.

«El Castor no se hizo pensando en la gente. Las necesidades energéticas eran inexistentes, los puestos de trabajo que se prometieron para las comarcas de la zona no llegaron, y las consecuencias naturales de su instalación son indudables. Se puso en riesgo el bienestar natural del Baix Maestrat y de les Terres de l'Ebre, y se perjudicó a la pesca de la zona para que una gran empresa hiciese negocio. Y, tras los terremotos que provocó la plataforma, la concesionaria recibió una indemnización de 1.350 millones de euros», expresa la portavoz de la agrupación valenciana de Podemos en el Congreso, Àngela Ballester, que firma la moción junto a Josep Vendrell, de En Comú Podem.

La iniciativa pide al Gobierno que ponga fecha el desmantelamiento de la plataforma en coordinación con la Generalitat Valenciana, la Generalitat de Catalunya y los ayuntamientos de los municipios afectados. Recuerda que desde octubre de 2015 se juzga un posible delito de prevaricación en la tramitación de los permisos de instalación de la plataforma y, al respecto, exige que se faciliten los informes de la Universidad de Stanford y de Massachussets.

«El juzgado de Vinaròs resolverá si hubo delito de prevaricación al instalar la plataforma, si se desoyeron informes que cuestionaban su idoneidad. Y desde el Congreso vamos a impulsar reformas legislativas para que las concesionarias que renuncian a sus explotaciones de forma voluntaria no perciban indemnizaciones públicas, y más si son fruto de negligencias en su actividad», añade Ballester.

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