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La trama que expolió al CD Castellón

El informe pericial cifra en más de cinco millones de euros «el daño causado al club» por parte de Castellnou Facturas falsas o sobrevaloradas, retiradas de efectivo enmascaradas, ingresos ocultos en taquilla... la fiesta de Blasco y sus amigos

Con paso lento pero firme continúa avanzando la instrucción del caso Castellnou, impulsado a raíz de la denuncia interpuesta por Sentimiento Albinegro, la asociación de abonados y pequeños accionistas del club orellut. La pericial contable firmada por José Vicente Grangel arroja nueva luz sobre la caída a los infiernos del Club Deportivo Castellón. Grangel, a petición de la juez María Victoria García Alós, ha pasado los últimos veinte meses estudiando al detalle la contabilidad del club albinegro en el periodo de gobierno de Castellnou. Grangel, que en su informe acusa a Antonio Blasco, ex consejero delegado de la entidad, de «organizar un sistema para expoliar los recursos que generaba el Castellón», valora el «daño total causado» en 5.348.866 euros.

En el verano de 2005, tras el ascenso a Segunda División, el empresario Antonio Bonet formalizó la venta del club. José Laparra presidió un consejo que tenía a Antonio Blasco en su parte financiera y a José Manuel García Osuna en la deportiva, a sus dos hombres fuertes. A través de la sociedad Castellnou, el consejo acaparó una aplastante mayoría accionarial. Según se desprende del informe pericial, la usó para priorizar sus intereses particulares por encima de los del club.

Durante las 111 páginas del informe, Grangel señala diferentes irregularidades. Se ocultó información a los auditores, se omitieron de forma intencionada operaciones con partes vinculadas, se alteraron conscientemente cuentas anuales, se realizaron operaciones fuera de mercado, se aceptaron facturas no procedentes o falsas, se omitió el destino real del dinero de extracciones de caja, se falsearon datos de ingresos en taquilla... Hubo, «no cabe duda», en palabras de Grangel, una «gestión desleal que perjudicó al club». «El beneficiario de la mayoría de las acciones es Antonio Blasco», aunque señala también a «otras personas que se beneficiaron» como José Manuel García Osuna y, en menor medida, José Laparra, Jesús Jiménez o Miguel Ángel Ludeña, entre otros.

Además, el abandono de las obligaciones fiscales propició, «sanciones y recargos» aparte, que el club dejara de cobrar casi millón y medio de euros en concepto de subvenciones. En definitiva, «se creó una trama con el fin de derivar los recursos obtenidos por el CD Castellón en beneficio de un pequeño grupo de personas». Los métodos van de lo más burdo («facturas falsas» o «entregas de dinero») a un mínimo de complejidad («extracciones de efectivo ocultas bajo pago de impuestos en efectivo»). «El responsable último es Antonio Blasco», remarca el perito, y «el procedimiento perjudicó la situación financiera de la empresa».

Desvíos

El informe apunta la existencia de una «trama» que encabezaba Antonio Blasco y que ha dejado al Castellón gravemente adeudado y en Tercera División. Esta operativa se extiende desde 2005 a 2011. Empresas y sociedades como Marclan (Blasco), Tofer (Blasco y Fernando Giner), Insomnia (Blasco y Giner), Nova Invicta (Blasco y Ludeña), Image&Sport (García Osuna), Medidecons (Laparra y Blasco), Eurocentro Wamba (Laparra), Xara (Blasco), Fouriditesta (Blasco), Antares (Jiménez) o Reala (Ignacio Verdoy), entre otras, facturaron bien por trabajos no realizados o por encima del valor real, por conceptos de asesoría legal, financiera, deportiva o de marketing, o por diferentes obras. En total, el perito estima que las operaciones incorrectas solo en este ámbito superan los dos millones de euros.

Grangel denuncia todos estos hechos «ni puntuales ni fortuitos, que no se pueden justificar en el funcionamiento económico de una empresa». En sus conclusiones, el perito afirma que este «sistema para desviar los recursos generados» supone «un menoscabo en el patrimonio» del club, que quedó gravemente endeudado y se vio obligado, tras el cambio de rectores, a concursar. Entre medias, «alguien en un intento de hacer desaparecer las pruebas eliminó la documentación», añade el informe, antes de concluir que «ninguna de las justificaciones» esgrimidas por Blasco, Osuna y Laparra, «los principales afectados», en sus declaraciones «palian su responsabilidad».

La instrucción del caso Castellnou comenzó en octubre de 2012. La pericial, en julio de 2014. El juicio está un poco más cerca.

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