El vicealcalde de Castelló, Enric Nomdedéu, reconoció ayer que el proceso de negociación en la cesión de viviendas sociales entre el consistorio y las entidades bancarias se había ralentizado porque las entidades bancarias exigían una serie de garantías al ayuntamiento que evitaran la ocupación ilegal de viviendas. Este hecho, según palabras del vicealcalde, provocaba que el proceso de cesión de viviendas sociales fuera más lento de lo esperado.

Nomdedéu explicó que en el ayuntamiento no podían interceder en un conflicto entre particulares, es decir, entre las personas que ocupan la vivienda y el banco, más allá de las competencias de la administración pública.

Nomdedéu, del mismo modo, y en relación a la posición de Castelló en Moviment en este asunto, al que el vicealcalde tildó de «socio a tiempo parcial», explicó que desde el equipo de gobierno local valoraban su trabajo y colaboración, pero discrepaban en algunas de sus actuaciones en el problema de los desahucios en Castelló.

Durante su intervención ayer, del mismo modo, el vicealcalde puso en valor la labor de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y respondiendo a las críticas de esta plataforma al ayuntamiento, insistió en que no había en la ciudad ninguna familia sin vivienda, ya que «siempre» se había facilitado alguna solución. Añadió demás que los técnicos del consistorio estaban realizando un «gran trabajo» ayudando a las personas en situación de riesgo a encontrar en una vivienda social de forma inmediata a la ejecución de la orden de desahucio, y en su labor de acompañamiento en otros asuntos, relacionados o no con el desahucio.

Precisamente ayer la PAH anunció que realizarían nuevas protestas en Castelló para condenar la «inacción» del consistorio de la ciudad, tras haber acampado en la plaza Mayor, frente al ayuntamiento, en señal de protesta durante esta semana.

Desde el consistorio se han puesto en marcha medidas específicas para poner solución al drama de los desahucios. Con todo, la falta de viviendas de propiedad pública, tanto del Ayuntamiento de Castelló, como de la Generalitat, ha dificultado el realojo de las personas afectadas por los desahucios.

Vecinos de Mestrets

El vicealcalde de Castelló, además, confirmó ayer que había mantenido una breve conversación telefónica con varios de los vecinos del PAI Mestrets y que en las próximas semanas iban a mantener una reunión, junto con los técnicos del consistorio en materia de urbanismo, para valorar la sentencia del Tribunal Supremo de esta misma semana en la que se confirmaba la anulación del PAI Mestrets.

El vicealcalde anunció que a partir de ese momento se iba a desarrollar una serie de encuentros con los vecinos de la zona para conocer sus inquietudes en el modelo de desarrollo urbano.

Esta sentencia, sobre la que no cabe recurso, pone fin al proyecto de 6.000 viviendas en la zona noroeste de la ciudad.