La jornada continua escolar genera división. Representantes de la Confederación Gonzalo Anaya de AMPA de la Comunitat Valenciana estuvieron presentes en la Mesa de Padres celebrada en Conselleria de Educación para debatir sobre el proyecto de orden sobre la jornada continua. La principal reticencia manifestada fue la falta de un sistema de financiación garantizado para las actividades extraescolares en todos los centros, que no haga depender la implantación de la jornada de la disponibilidad de fondos municipales, ya que se establecería una discriminación entre localidades. Por su parte, la Plataforma por la libre elección de la jornada escolar señaló que esta normativa «es antidemocrática, discriminatoria e impide la conciliación de la vida laboral y escolar». Esta última asociación acusó a las AMPA de ir en contra de la jornada continua al plantear una regulación «casi imposible de cumplir».

La Gonzalo Anaya considera prioritario que se garantice que la jornada no perjudica a las familias más desfavorecidas desde el punto de vista social y económico, «por lo que debe garantizarse el comedor, el transporte y las extraescolares gratuitas». En cuanto al comedor, tiene dudas «de qué pasará si la reducción de comensales por la compactación de horarios lo convierte en deficitario y no acepta que la solución pase por compartir instalaciones entre centros». Asimismo, ve muy reducido el horario de 14 a 15 para este servicio, pues se imposibilitaría hacer más de un turno . También cree que la normativa debe ser más flexible en cuanto a la salida del alumnado, de forma que se pueda elegir si se abandona el centro tras la comida o a las 17 horas. Los representantes de las AMPA creen que el proyecto se presenta con precipitación y demandan conocer los resultados de la implantación de la jornada continua de forma experimental.

La Plataforma por la libre elección de la jornada escolar criticó que la Conselleria solo ha dado 48 horas para estudiar la nueva normativa y presentar alegaciones. Señaló la regulación es «antidemocrática» por exigir que el 55 % del censo vote «sí», de modo que si no votan la mayoría de padres y tutores «será imposible alcanzarlo», pues el que no vaya a votar contará como un «no». Advirtió de que si los ayuntamientos no apoyan o financian las actividades extraescolares, los centros escolares no podrán tener jornada continua, aunque lo hayan votado, con lo que dependerá «de un criterio político y económico».