El próximo lunes se pondrá en marcha en la Vall d'Uixó la comisión de investigación en la que el tripartito pretende esclarecer si, como se denunció públicamente hace algunas semanas, el Partido Popular de la localidad pudo haberse financiado ilegalmente recibiendo dinero de la empresa que, aún en la actualidad, tiene adjudicado el servicio de alumbrado público.
Aunque la denuncia inicial sólo planteaba que esta empresa, supuestamente, habría pagado la página web con la que los populares hicieron campaña electoral en 2011, en el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó se pretenden clarificar otras dudas que tendrían que ver con un trato de favor que el Partido Popular podría haber dispensado a la mercantil, como por ejemplo, permitiendo que dejaran de prestarse algunas mejoras que estarían incluidas en el contrato de adjudicación del servicio «a cambio, por ejemplo, de que pagaran la escultura del bou al carrer», como insinuó ayer la alcaldesa, Tania Baños. Aunque se cuidó de afirmar que se trataban de «suposiciones» que «deberán de aclararse en la comisión de investigación», lo cierto es que fuentes municipales confirmaron ayer que existirían una serie de actuaciones que formarían parte del contrato de adjudicación que «no se han realizado», lo que daría motivos al tripartito para sospechar sobre los motivos reales que subyacerían en la relación entre el gobierno del PP y la empresa.
La alcaldesa aseguró que la comisión de investigación también solicitará realizar un peritaje de la obra que se ejecutó en el barrio Toledo y que tuvo un coste aproximado de 120.000 euros, pero que «no formó parte de la ejecución de la obra». De hecho, según denunció, no existe ninguna constancia en el departamento técnico municipal de que estos trabajos se hayan realizado.
Con todo, para Tania Baños existirían motivos suficientes para investigar «y si al final no hay nada ilegal, nos quedaremos tranquilos», aunque si se detecta alguna irregularidad «se pondrá en conocimiento de la fiscalía». En cuanto a las consecuencias que el proceso podría tener para la empresa afectada, la alcaldesa señaló que habría que revisar qué dice al respecto el contrato, pero recordó que este finaliza en el mes de junio, y el tripartito es partidario de «estudiar qué modelo de gestión del servicio de luz queremos para la Vall».
Para presidir esta comisión de investigación, el equipo de gobierno se ha decantado por el portavoz de Som La Vall-Podemos, Óscar Langa, lo que demostraría que en el tripartito «queremos contar con la oposición». Langa aseguró que «la primera respuesta democrática» a las sospechas o denuncias que vinculan a los políticos con acciones irregulares o ilícitas, «es crear una comisión de investigación». Además, quiso insistir en que la única intención «es la que emana del pueblo de la Vall, no existe ningún interés de ajustar cuentas, si no de descubrir si existen responsabilidades».
La comisión de investigación que estará integrada por un representante de cada uno de los seis partidos representados en el pleno, además de un técnico municipal, el oficial mayor. Precisamente respecto a su nombramiento se ha planteado la primera diferencia entre el Partido Popular y el resto de grupos. Según la alcaldesa, los populares habrían presentado una recusación sobre este técnico, argumentando que en su día «pleiteó contra el ayuntamiento» que dirigía precisamente el PP, como consecuencia de su decisión de amortizar su plaza.
