Confieso que por vez primera en algunos años siento una gran preocupación por nuestro futuro como país y, por tanto, también como provincia. Asistí al pleno del Congreso de la fallida investidura del PSOE-Ciudadanos y mi pesar nace no del resultado, ni de un parlamento dividido, sino de las opiniones allí vertidas. Creo que hay una mayoría social, política y también mediática que nos conduce hacia Grecia, o lo que es igual, a reducciones de las pensiones de un 35 %, subidas de impuestos del 27 % y despido de funcionarios de carrera.
¿Por qué esta negra opinión? Sencillamente porque España pagó en febrero dieciocho millones de prestaciones y salarios públicos, récord histórico. Hoy se ayuda a mas ciudadanos que nunca, con pensiones, prestaciones por desempleo, dependencia... y naturalmente el peso recae sobre los quince millones de trabajadores y empresarios del sector privado, que ha crecido en 1.100.000 empleados en los dos últimos años.
España, que ha reducido a menos de la mitad el agujero público socialista pasando de 100.000 millones anuales de déficit a aproximadamente 45.000, está todavía saliendo de una casi mortal enfermedad, que hubiese supuesto la intervención europea del país. Y pese a esta situación, que con las actuales políticas de crecimiento, nos llevarían a estar completamente sanados en dos años, las propuestas de nuestros compañeros de hemiciclo PSOE, Podemos y, ahora también Ciudadanos, son de creación de rentas universales, complementos públicos a los salarios, y un largo etcétera que irremediablemente nos conducirían al colapso.
Y por colapso me refiero a que de aplicarse cualquiera de estos programas en dos años -para todo este ejercicio tenemos aprobado un presupuesto realista-, quizá algo más, nuestro cajero no atienda nuestras suplicas y las 18.000.000 de prestaciones y sueldos públicos dejen de llegar puntuales. Por tanto me preocupa menos la actual desaceleración que el retroceso que puede venir.
Ya con motivo de la elecciones autonómicas comenzó un proceso de ralentización del crecimiento, elevación del gasto y aumento de la morosidad de las administraciones, que, en las últimas fechas, se ha incrementado debido a la incertidumbre surgida de los comicios generales y con todos los indicadores de confianza puestos en rojo por la inseguridad política con el consiguiente perjuicio para las economías familiares.
Por desgracia, el camino de crecimiento y recuperación que todos los españoles, no sin esfuerzo, emprendimos hace cuatro años desembocará en una nueva recesión si aquellos que nos sumieron en la crisis retornan ahora, o incluso los que autoproclaman «nuevos», Ciudadanos y Podemos, pero que tienen similares políticas de multiplicación del gasto público.
Sin confianza no hay crecimiento y el progresivo deterioro de la confianza de los agentes económicos -consumidores, empresarios e inversores- en el futuro de nuestro país si no continuamos por la senda reformista del gobierno popular es altamente preocupante. El rojo lo marca todo con porcentajes de confianza desplomándose durante enero, febrero y marzo, cae un 2,7 % el industrial, un 2,5 % el del comercio al por menor y la del consumidor -según el CIS- 11 puntos en apenas dos meses. Y esto es tan sólo el anticipo previsor que hacen los ciudadanos, que se multiplicará si la alternativa al Partido Popular cumple con sus promesas electorales, ahora o después de unas elecciones si el resultado se lo permitiera.
Y es que mientras la Fundación de Estudios de Economía Aplicada argumenta que la reforma laboral de 2012 redujo un tercio el paro, la propia fundación alerta del peligro real de que la evolución en aspectos tan importantes para nuestra economía como el numero de afiliados a la Seguridad Social, el valor del PIB o la matriculación de vehículos empiece a deshacer el camino del crecimiento por el mero anuncio de que se van a derogar las reformas actuales.
Por eso, cuando vemos que la afiliación a la Seguridad Social se ha desacelerado en febrero hasta el 3% o que nuestro PIB ya no crecerá como venía haciéndolo, es el momento de que analicemos los tres escenarios y obremos en consecuencia. Porque un gobierno con Podemos sería sinónimo de retroceso y colapso para nuestra economía; unas elecciones anticipadas se convertirían un fiel reflejo de la fractura de nuestra nación, mientras que una gran coalición, con la fuerza mayoritaria a la cabeza y cimentada sobre un acuerdo de mínimos nos permitirá tomar de nuevo impulso y dejar a un lado la incertidumbre para seguir creciendo.Esta última es la única opción viable para el crecimiento de España y los españoles y por ella, en mi opinión, vale la pena seguir luchando. Confío en que así lo hagan el resto de fuerzas constitucionalistas.
