El Grupo Popular presentó esta semana alegaciones a la nueva ordenanza municipal para la prevención y control del mosquito tigre por considerarla «eminentemente coercitiva» tras analizar con detalle la propuesta elaborada por socialistas y nacionalistas.

La concejala, Salomé Pradas, explicó que su carácter «claramente coercitivo y sancionador» dificulta el apoyo del grupo popular a la medida «ya que no estamos de acuerdo en que toda la responsabilidad recaiga en los vecinos a quienes se les puede multar con hasta 3.000 euros».

De hecho, el Grupo Popular apuesta por una estrategia preventiva y de colaboración con los vecinos ya que idéntica «responsabilidad tiene el particular que no cumple con las medidas para evitar la proliferación de mosquitos que el ayuntamiento al no mantener perfectamente limpios solares, cunetas o terrenos abandonados». Asimismo, Pradas añadió que ni «se hace referencia al medio ambiente ni al sector agrario y los huertos urbanos» e incidió en la necesidad de que el equipo de gobierno «estudie y presente las medidas preventivas y, en su caso paliativas, que adoptará en los próximos meses cuando aparezcan de nuevo los mosquitos en la ciudad y sobre todo en la zona de la Marjalería».

Por último la concejala popular también explicó que: «del personal municipal sólo se implica a la policía local, obviando a los técnicos de Sanidad, Medio Ambiente y Urbanismo para llevar a cabo, por ejemplo, acciones de prevención».