El exalcalde de Vila-real, Juan José Rubert (PP) declaró ayer ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Vila-real como investigado (imputado en la anterior legislación), por el supuesto pago irregular de facturas por 600.000 euros a la empresa Piaf.

Rubert, que accedió antes de las 11.00 horas a la Ciudad de la Justicia de Vila-real, donde estaba citado a las 12.15 horas, abandonó el edificio a las 15.30 horas y declinó hacer declaraciones.

También declaró ayer en calidad de investigado el que fuera concejal con el equipo de gobierno y vicepresidente de la Diputación, Ramón Tomás.

La causa, conocida como «caso Piaf», parte de una querella presentada por el actual equipo de gobierno en Vila-real, liderado por el socialista, José Benlloch, y en ella se investiga la comisión de los presuntos delitos de falsedad, prevaricación y malversación de caudales públicos.

Tomás dijo ante los medios antes de declarar que iba a defenderse en el marco de una querella que, dijo, «vosotros conocéis mejor» y en la que «me acusan hasta de cosas con las que no tengo nada que ver».

Tomás explicó que durante la mañana estaban también llamados a declarar un técnico municipal y un exresponsable de Piaf, aunque su declaración se ha pospuesto a petición de la letrada que representa al Ayuntamiento de Vila-real.

El caso de las facturas de Piaf se inició con una investigación administrativa poco después de la toma de posesión del alcalde, José Benlloch en 2011. El alcalde decidió anular el pago de 600.000 euros en facturas emitidas por esta empresa, investigada en la trama valenciana del caso Gürtel, acreditadas como falsas por los técnicos y endosadas por el exalcalde, del Partido Popular, en funciones «e incluso habiendo renunciado ya a su acta de concejal electo», según el consistorio.

Por su parte, el alcalde de Vila-real, José Benlloch, lamentó que el exalcalde de la ciudad, Juan José Rubert, y el exteniente de alcalde y concejal de Servicios Públicos, Ramón Tomás, evitaran responder a las preguntas del letrado del ayuntamiento, «el abogado de todos», para aclarar su implicación en el pago de 600.000 euros en facturas falsas a la empresa Piaf; recibos que finalmente fueron anulados por Benlloch al comprobar que no se correspondían a trabajos realizados, evitando así su pago. «Una vez más, vemos cómo Rubert y Tomás dan la callada por respuesta, negándose a dar explicaciones a los ciudadanos de Vila-real sobre un tema tan grave», señaló el alcalde.

El primer edil se pronunció en estos términos al ser preguntado por los medios de comunicación y señaló que «tanto Tomás como Rubert se han negado a responder al abogado del ayuntamiento, que representa los intereses de todos los vila-realenses. El exalcalde ya se negó a dar la cara ante los ciudadanos en la comisión de investigación municipal celebrada la legislatura pasada, que concluyó que existían importantes indicios de irregularidades en la relación contractual con la empresa Piaf, investigada también en la trama Gürtel por supuesta financiación irregular del PP; irregularidades que la propia Intervención General del Estado ha advertido también en un informe», recordó Benlloch. «A pesar de ello, el exalcalde y el ex vicepresidente provincial con Carlos Fabra, que sí han respondido a sus abogados, prefieren sumarse a la táctica a la que ya nos están acostumbrando los miembros del Partido Popular en los últimos meses: el ya manido 'yo no sé nada' y 'la culpa es de los técnicos', de otros concejales, llegando a citar al exconcejal de Hacienda Ignasi Clausell o incluso asegurar que no conocían el contenido de las facturas o los endosos que firmaban. Es lamentable que tengamos que ver también en Vila-real este tipo de declaraciones que nos avergüenzan cada día en los informativos de televisión».

El alcalde agregó que «los ciudadanos de Vila-real pueden estar tranquilos porque vamos a seguir trabajando por defender hasta el último euro de los bolsillos de nuestros vecinos y que los vila-realenses no tengan que acabar pagando 600.000 euros por trabajos que no se realizaron». En este punto, recordó que el pago de esta cantidad está siendo reclamado por la administradora concursal de Piaf y el banco al que le fueron endosadas las facturas en los días previos al cambio en la alcaldía, en algunos casos estando el exalcalde ya en funciones.