La demanda de la «asignatura» de Religión en Bachillerato ha crecido un 42 % (Levante-EMV 06/03/2016). Europa-Valencia Laica sostiene que la presencia de la religión en el currículo es un despropósito tanto jurídico como educativo. Jurídico porque contraviene el principio de igualdad, al menos, en dos sentidos. El primero, porque introduce la discriminación en las aulas al separar al alumnado por sus creencias religiosas y el segundo porque establece un enorme privilegio para un credo al financiar el adoctrinamiento con dinero de todos.

Pero todavía es más grave en lo educativo: el Sistema Educativo, como institución pública, ha de seleccionar los contenidos curriculares con criterios estrictamente racionales, que sirvan para la formación de toda la población. Las creencias religiosas son siempre particulares y se sitúan en el ámbito de la fe. Por consiguiente, el currículo sólo debiera incluir contenidos avalados por las ciencias, que puedan ser analizados y refutados por procedimientos racionales. No caben los dogmas. El adoctrinamiento religioso ha de encontrar acomodo fuera de la escuela.

La noticia aludida es la consecuencia de la aplicación de la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad Educativa (Lomce) y hace que los despropósitos aumenten. La demanda de la religión en Bachillerato crece por una razón bien sencilla: la Lomce, atendiendo las exigencias de la Conferencia Episcopal Española, convierte la religión en una asignatura computable para la nota media, lo cual ha provocado un efecto perverso .

La Lomce establece que el alumnado ha de elegir dos, y a veces tres, asignaturas entre un listado de optativas específicas que es muy amplio. En ese listado aparece la religión. Pero el legislador sabe que la religión no es una asignatura más ya que la ley dice «En función de la regulación y de la programación de la oferta educativa que establezca cada Administración y, en su caso, de la oferta de los centros docentes...», con lo que la conselleria, o cada centro, podrá suprimir alguna o algunas de las materias específicas propuestas. Pero eso nunca podrá ocurrir con la religión ya que ésta es de oferta obligatoria según los Acuerdos con la Santa Sede.

Y vamos a lo más grave: el alumnado sabe que obtener un sobresaliente en religión es muy fácil, lo sabe mucho antes de llegar al Bachillerato. Y un buen número opta por ella renunciando a otras materias que tienen mucho más que ver con los estudios universitarios que cursará. O sea, que el propio sistema, la propia ley, propicia la aberración consistente en cursar una materia basada en dogmas, con contenidos contrarios a la tradición científica y contradictorios con lo que se enseña en otras materias incluso, a veces, contrarios a los Derechos Humanos. Parece que al legislador no le importa mermar la formación específica del alumnado si, a cambio, se mantiene y aumenta el poder y privilegio de un credo que sólo a sus creyentes, y en sus espacios exclusivos, debiera afectar.

Estos despropósitos legislativos y educativos son insostenibles. La derogación de la Lomce es inaplazable. Pero también es urgente que la religión salga de la escuela y sean denunciados los Acuerdos con la Santa Sede. ¿A qué espera el Congreso de los Diputados?