19 de marzo de 2016
19.03.2016

El juzgado anula las bolsas de empleo del 2014 del Ayuntamiento de la Vall

La última notificación de los tribunales recibida por el consistorio obliga a indemnizar con 150.000 ?, despedir a dos personas y anular la bolsa para la contratación de personal en el Hogar Sagrada Familia

19.03.2016 | 00:57
El juzgado anula las bolsas de empleo del 2014 del Ayuntamiento de la Vall

Las sentencias judiciales contra el Ayuntamiento de la Vall d'Uixó están cobrando protagonismo en la primera parte de la legislatura y su práctica totalidad están relacionadas con el funcionamiento de las mesas de contratación que se venían realizando con el anterior gobierno del PP, como denunció ayer el concejal de Personal, Javier Ferreres, que anunció que una nueva resolución obliga al consistorio a pagar 150.000 euros, a despedir a dos personas y anular una bolsa de trabajo vinculada al Hogar Sagrada Familia.

El fundamento de todas estas sentencias parece ser el mismo. Durante la pasada legislatura en la composición de las mesas de contratación el equipo de gobierno del PP incluía a dos personas que «por ley no podían formar parte». En concreto se trataba del presidente, en aquel momento el Jefe de Personal, «un trabajador interino» y uno de los gerentes de Servicios Sociales «que era personal de libre designación», destacó Ferreres. La norma establecería que solo pueden formar parte de estos organismos de contratación funcionarios de carrera que como mínimo formen parte del mismo grupo laboral que las personas a contratar.

Según se recordó ayer, en el año 2010 el consistorio ya recibió una advertencia de los tribunales, en primera instancia, en relación a la posibilidad de estar incurriendo en una ilegalidad, «sin embargo no hicieron nada para rectificar». Las consecuencias de no haber subsanado esta irregularidad son varias, aunque lo más relevante son las cantidades económicas que el municipio debe desembolsar en concepto de indemnización a los demandantes. La última sentencia asciende a 150.000 euros, pero «en el último trimestre de 2015 han llegado dos de 175.000 y 18.000». Además, como recuerda el edil de Personal, «desde 2013 se acumulan más de 178.000 euros de sentencias desfavorables en temas de personal» y según los cálculos que se han realizado por los procesos que están abiertos «podrían ascender a un total de 2 millones de euros», indicó Ferreres.

Víctimas de este procedimiento también son las personas que estaban trabajando en virtud de la bolsa de empleo que esas mesas de contratación controlaban. En concreto, como explicaron Javier Ferreres y la alcaldesa, Tania Baños, ayer tuvo que notificarse el despido a dos personas que realizaban tareas de auxiliar en el Hogar Sagrada Familia. La última consecuencia se desprende también de la sentencia y es que se debe anular la bolsa existente «y recurrir a la de 2010», que podría estar agotada.

En este punto, y relacionado con la misma problemática, los dos representantes municipales hicieron pública otra sentencia, aunque en este caso favorable. En agosto de 2015 el sindicato CSIF anunció la presentación de una denuncia contra la convocatoria de 5 bolsas de empleo. Para justificarlo defendieron que eran «un amaño de manual» porque, entre otras cosas, se hicieron públicas con solo 3 días de plazo para presentar las solicitudes, no se habían publicado en el BOP, ni tenían temario, ni contaban con criterios teóricos objetivos, siempre en palabras del representante de esta agrupación.

Siete meses después, los tribunales han dado la razón al ayuntamiento, desestimando todos los argumentos esgrimidos por el portavoz de CSIF que, como señalaron tanto Ferreres como Baños, «es una de las dos personas que formaban parte de las mesas de contratación de manera irregular y que están costándole al municipio tantas sentencias en contra», por lo que ven en su actitud una inquietud «claramente política» ya que «defiende los mismos argumentos que en su día apuntó el PP». Incluso Ferreres llegó a insinuar que «no pongo en duda la legitimidad de las personas que ganaron las plazas, pero sí he llegado a plantearme que lo que se buscaba no era enchufar a amigos, sino echar a determinadas personas», aunque insistió en que solo era una suposición.

Paralización «por cautela»

En este caso también se han ocasionado perjuicios, aunque no económicos, pero si de funcionamiento, dado que el equipo de gobierno decidió paralizar los procesos de creación de las cinco bolsas «por cautela», aunque con la convicción de que no existían los defectos de procedimiento denunciados.

Hasta 700 personas se inscribieron el pasado mes de agosto para poder acceder a las bolsas (enfermería DUE, auxiliares de clínica, conserjes en turno libre y de discapacidad y operarios del Hogar Sagrada Familia). Todas ellas mantienen los derechos adquiridos y serán notificadas en cuanto se reanude el proceso para concluir con la selección «que llevará un tiempo, porque se tienen que cumplir una serie de plazos legales».

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