El juicio que dirimirá si existió una venta irregular de chatarra en el Ayuntamiento de Nules durante la pasada legislatura, comenzó ayer con la declaración como testigo del actual concejal de Obras, Adrián Sorribes, que fue quien presentó la denuncia a principios de julio de 2015, tras descubrir un sobre con dinero en metálico en el almacén municipal. Según detalló en ese momento, podría proceder de la supuesta venta de material de propiedad municipal a varias chatarrerías «sin que constara ningún ingreso en el departamento de Intervención y sin que existieran albaranes en el ayuntamiento».

Como confirmó Sorribes, en su declaración de ayer se limitó a relatar los hechos tal y como habían acontecido, pero además, presentó nueva documentación en un informe que, como se explicó desde el consistorio en un comunicado, «abarcaría desde el 2008 al 2015» y en el que se certificaría que «a principios de la legislatura del 2008-2012 fue el propio Mario García (alcalde en ese momento) quien firmó la recepción de cheques por venta de chatarra por el ayuntamiento y que luego ya no hubo entrada por concepto similar».

Sobre la procedencia de ese informe, el edil de Obras confirmó que el equipo de gobierno no ha realizado ninguna investigación al respecto, dado que «cuando se denunciaron los hechos quedó en manos de la Guardia Civil». Este nuevo documento, según confirmó Adrián Sorribes, fue realizado por el departamento de Intervención «a solicitud del actual portavoz del PP» y personalmente decidió aportarlo en su declaración al considerar que incorporaba «nueva información».

En este punto los acontecimientos trascienden el ámbito judicial y se trasladan a la política ya que Mario García, consultado sobre esta cuestión, mostró su sorpresa y «total indignación» al saber que el primer teniente de alcalde había hecho uso de una documentación «que solicité por registro de entrada a título personal y que por lo tanto no entiendo por qué está en su poder y menos por qué la ha utilizado».

El malestar del portavoz popular es tal que no descarta «denunciar al concejal por atentar contra mis derechos como ciudadano», en base a cuestiones fundamentales como, entre otras cosas, «la protección de mis datos personales». García criticó que estos hechos generan una «grave indefensión» ya que «el equipo de gobierno demuestra que puede intervenir en las cuestiones privadas de los vecinos cuando le interese».

Cabe recordar que en el mes de octubre, en una comparecencia conjunta de los cuatro portavoces del equipo de gobierno en la que se anunció que el juzgado había admitido a trámite la denuncia, se explicó que los indicios señalaban que de manera habitual se procedía a vender este tipo de materiales a dos empresas de gestión de residuos. Las transacciones se cobrarían en metálico y, según una información facilitada por el alcalde, David García, la cantidad de las ventas podría ascender a 15.000 euros, un importe que se habría calculado tras comprobar los albaranes que sí que conservarían las empresas implicadas, aunque no existía copia en el ayuntamiento.

Conseguir pruebas

Sobre el fondo de la cuestión, Mario García explicó que el pasado mes de febrero solicitó información sobre las ventas que desde el ayuntamiento se habían realizado a dos empresas de gestión de chatarra entre 2008 y 2015. Su intención era «conseguir las pruebas para demostrar que todas las ventas de materiales de este tipo que se hicieron en esa época fueron legales».

Según insistió García, los documentos solicitados «a través del Registro General de Entrada a título personal» demostrarían que a principios de legislatura «se realizó una limpieza del almacén municipal y se vendió la chatarra, ingresando legalmente el dinero en el departamento de Intervención», al tiempo que apuntó que «si a partir de entonces no constan más ingresos será porque no se vendió más chatarra de propiedad municipal».

Cabe recordar que en este caso están imputadas dos personas directamente vinculadas con el equipo de gobierno anterior, como son el jefe de la brigada de obras y el concejal del área que, como apuntó Adrián Sorribes, todavía no habrían declarado. Sobre esta cuestión, el Grupo Municipal del PP de Nules solicitó la creación de una comisión de investigación, una propuesta que fue aprobada por unanimidad. Sorribes explicó que si hasta el momento no ha tenido actividad es «porque el PP no hab nombrado a su portavoz». Por su parte, Mario García señaló que se había dado ese nombre hace unos quince días, aunque desde su punto de vista el único objetivo de este proceso es «la persecución política».

Sobre los detalles del nuevo informe aportado por el equipo de gobierno, Sorribes detalló que estos documentos constatarían que el propio Mario García «firmó la recepción de los cheques» por la venta de chatarra, un hecho que el interesado negó y además consideró incomprensible, ya que «los talones iban a nombre del ayuntamiento y yo, personalmente, no tenía que autorizar su ingreso», lo que ratifica, a su parecer, que el uso de este documento «no es más que una excusa para hacer lo que sea para implicarme».