La reunión informativa que el equipo de gobierno de Borriana convocó ayer para informar a los propietarios de terrenos en la zona de Sant Gregori no sirvió para extraer conclusiones claras sobre el futuro de la urbanización del Sector Sur T-1. Pese a que no se hizo de forma oficial, la votación espontánea del inicio de la sesión dejó claro que una mayoría de propietarios no está dispuesto a continuar con el proceso de urbanización, después de más de diez años de pagos de IBI que, como expresó una de las propietarias, «estamos hartos de pagar, y no lo vamos a hacer más».
El encuentro, que tuvo lugar en el Centre Cultural la Mercè de Borriana, se inició con las palabras del edil de urbanismo del Ayuntamiento de Borriana, Bruno Arnandis, que expuso la situación actual del PAI después de la rescisión aprobada en el pleno extraordinario de hace ahora dos semanas. Arnandis recordó que «el proceso de rescisión se inició en enero de 2015 debido a los incumplimientos por parte del agente urbanizador, y con el dictamen del Consell Jurídic Consultiu no hemos tenido otra opción que rescindir».
Precisamente el informe que solicitó el mismo consistorio al despacho de abogados Garrigues y qu,e según los representantes municipales, confirma lo señalado por el Consell, fue uno de los puntos en los que el debate se recrudeció. Algunos propietarios, además del agente urbanizador también presente en la reunión, expresaron su malestar por no haber podido tener acceso a él. La alcaldesa, Maria Josep Safont recordó que «cuando se informó a los propietarios sobre la rescisión que se iba a aprobar, no hubo alegaciones».
Respecto al futuro del PAI, el mismo concejal de Urbanismo, Bruno Arnandis, expuso las diferentes posibilidades que ahora se abren para continuar con la posible urbanización de la zona de Sant Gregori. Las opciones planteadas pasaron por una asociación conjunta de propietarios que aglutinara la opinión mayoritaria entre ellos para poder convertirse en agente urbanizador, o como mínimo, recoger el sentir del conjunto de propietarios para poder tener más fuerza a la hora de decidir sobre el futuro del PAI. Aún así, la sensación general fue que la gran mayoría de propietarios está «harto de pagar unos impuestos por un suelo urbanizable que lleva doce años parados», como recordaba una de las propietarias durante su intervención. Otra de ellas afirmó que «yo solo reclamo el dinero a la urbanizadora, y como ahora ha quebrado, ya me imagino lo que pasará. El dinero que se puso, que se devuelva, no que se utilice ahora para la posible entrada de un nuevo agente urbanizador. Esto ha sido un engaño desde el principio».
«Seguiré luchando por el PAI»
La intervención del hasta hace un mes agente urbanizador del proyecto, Miguel Ángel Bodí, acabó de encender a la mayoría de los asistentes y, en especial, a algunos miembros del consistorio presentes en la mesa que presidía la reunión. Después de advertir que «seguiré luchando para que el PAI continúe adelante», el edil de Urbanismo respondió contundentemente acerca de los pagos que hasta ahora han hecho los propietarios: «usted ni tan siquiera ha podido avalar esos pagos».
Bodí quiso matizar sobre lo que para él eran los culpables de la situación: «yo no culpo al actual equipo de gobierno. Las trabas administrativas se han dado desde hace dos gobiernos».
Pese a que el agente urbanizador sentenció que la creación de una nueva programación para el PAI «puede demorar el desarrollo durante diez años más, y los que quieran cobrar pueden tardar cinco o seis años», desde los abogados de Garrigues se señaló que «si las cosas fueran bien, algunos de los propietarios podrían cobrar en un año de margen».
El ayuntamiento insistió en que «lo mejor sería la creación de una asociación, y para conocer la opinión de todos y cada uno de ellos, vamos a realizar una encuesta con la que podremos sacar conclusiones». Varios propietarios comentaban a la salida de la reunión informativa que «hubieran podido consultar antes, ahora la encuesta estará viciada».
