El anterior Consell cifró las obras del aeropuerto de Castelló en los 150 millones. El Informe de Auditorías de la Intervención General de la Generalitat correspondiente a 2014 revela que el coste ascendió a los 176,3 millones de euros.

Este análisis revisa la actividad económico financiera de 35 entidades, empresas y fundaciones que integran el sector público valenciano y fue hecho público ayer por la vicepresidenta del Consell, Mònica Oltra. Concreta el presupuesto de las obras por primera vez desde que finalizaron en 2011. Por su parte, la deuda del aeropuerto asciende a los 188,5 millones.

Las obras se prolongaron desde 2004 hasta 2011 pero hasta 2015 la base no estrenó sus primeros vuelos regulares. Con la concesionaria canadiense Lavalin al mando y con nuevos inquilinos en la promotora pública (Aerocas) intenta quitarse la imagen negativa que se labró en los años de gestión de Carlos Fabra.

Asimismo, el auditor se negó a ofrecer su versión sobre la situación de las cuentas de Aerocas en 2014, no por alguna irregularidad de las mismas, señala, sino porque los anteriores gestores del Consell eludieron justificar el beneficio social o la rentabilidad potencial de la infraestructura.

El conseller de Hacienda y Modelo Económico, Vicent Soler, lamentó que los antiguos responsables de Aerocas -está participada a un 99 % por el Consell y un 1 % por la diputación- «no cumplieron con la mínima exigencia de explicar y documentar por escrito cuáles eran los beneficios sociales y económicos de la actuación que están acometiendo».«Omitieron un aspecto tan relevante como es el informe de viabilidad en la documentación que acompañó el lanzamiento y realización de la iniciativa», recalcó.

El informe señala que prácticamente todas las entidades y empresas públicas de la Generalitat incurrieron en 2014 en algún incumplimiento de la legalidad como fraccionamiento de contratos, abuso del procedimiento negociado sin publicidad, o abono de salarios sin autorización, esta última por importe de 93.000 euros. El auditor también deniega su opinión en la sociedad de Proyectos Temáticos, entre otras causas, por «los 25,9 millones» destinados a actuaciones no ejecutadas como es el caso del Centro de Convenciones o la Ciudad de las Lenguas.

Oltra anunció que si se derivan responsabilidades penales de las irregularidades detectadas, el informe se trasladará a Fiscalía. Si no es así, la Generalitat acudirá a la vía económica mediante procedimientos de alcance ante el Tribunal de Cuentas para que sus responsables devuelvan el «escexo» gastado.