29 de marzo de 2016
29.03.2016
Almacén de gas

El Congreso pide a un nuevo Gobierno desmantelar el almacén Castor

La resolución aprobada hoy plantea también recuperar las indemnizaciones pagadas a la concesionaria

29.03.2016 | 14:21

La Comisión de Industria del Congreso ha aprobado por mayoría pedir a un nuevo Gobierno desmantelar las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural Castor, mediante una solución que no sea costosa para las arcas públicas y recuperar las indemnizaciones pagadas a la adjudicataria.

Los grupos parlamentarios de Podemos-En Comú Podem- En Marea, PSOE y Ciudadanos han pactado una enmienda para establecer un calendario de cierre del Castor una vez que haya finalizado el informe técnico encargado por Enagás al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y que el desmantelamiento contemple todas las garantías y todos los requerimientos de seguridad ambientales.

Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, han votado a favor de esta iniciativa transaccional, que además urge impulsar acciones legales para recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS en concepto de extinción de la concesión, al entender que incurrió en negligencia y que por lo tanto la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones.

La mayoría de los diputados ha apoyado incluir un plan de restauración ambiental de la zona y del entorno afectados, así como pedir informes técnicos y jurídicos que permitan determinar si los sobrecostes del proyecto han sido sobrevenidos o se podían prever o son de responsabilidad exclusiva de la mala ejecución del proyecto.

Según la iniciativa presentada por Podemos-En Comú Podem-En Marea, el proyecto Castor ha demostrado ser un modelo energético insostenible, basado en combustibles fósiles, que han requerido grandes infraestructuras de gran costo y sólo han beneficiado a oligopolios.

"El rescate con recursos de los ciudadanos de una inversión privada que ha terminado en fiasco", ha explicitado el diputado Josep Vendrell, tras añadir que este proyecto le ha costado a la ciudadanía más de 4.700 millones de euros.

Los grupos han pactado colaborar en las acciones legales para establecer responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS por los mas de 1.000 movimientos sísmicos consecuencia del almacén de gas natural.

Por otra parte, piden impulsar modificaciones legislativas para impedir que en el futuro sean las arcas públicas las que asuman las indemnizaciones derivadas de la renuncia voluntaria de la concesión de explotación de una infraestructura o servicio.

Para ello se dará un mayor protagonismo a la Oficina Nacional de Evaluación, dotándola de medios y recursos suficientes para realizar un control antes de la licitación.

Vendrell ha criticado las indemnizaciones inmediatas que otorgó el Gobierno del PP a la empresa adjudicataria, mientras los ciudadanos se tienen que hacer cargo de una factura de deuda que les costará 30 años.

"Se ha gestionado con falta total de transparencia y es necesario dar una solución justa y sostenible", ha aseverado, al tiempo que el diputado del PSOE Herick Manuel Campos ha dicho que "se ha hecho con clara irresponsabilidad y prevaricación".

La diputada de Ciudadanos Melisa Rodríguez ha argumentado la necesidad de un Pacto de Estado por la Energía para dotar a la política energética de estabilidad en el tiempo y facilitar la transición energética a un modelo basado en las energías renovables.

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