30 de marzo de 2016
30.03.2016

Todos los grupos a excepción del PP se unen para desmantelar Castor y recuperar la indemnización

Un acuerdo parlamentario marca las líneas de actuación del nuevo Gobierno respecto a la plataforma de gas natural

30.03.2016 | 09:38
Todos los grupos a excepción del PP se unen para desmantelar Castor y recuperar la indemnización

La Comisión de Industria del Congreso aprobó ayer por mayoría pedir a un nuevo Gobierno desmantelar las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas natural Castor, situado frente a las costas de Vinaròs, mediante una solución que no sea costosa para las arcas públicas, y recuperar las indemnizaciones pagadas a la adjudicataria. Todos los grupos parlamentarios, a excepción del PP, votaron a favor de esta iniciativa pactada entre En Comú Podem, PSOE y Ciudadanos.

La relevancia de este acuerdo parlamentario radica no sólo en el hecho de que ha conseguido el respaldo de la mayoría, sino en que fija la postura de todos los grupos que pueden formar el futuro Gobierno. De esta manera, un nuevo Ejecutivo sin el PP se marcará como objetivo el desmantelamiento de la polémica plataforma de gas, cuya actividad está paralizada desde que en septiembre de 2013 se registraran cientos de seísmos en el norte de la provincia de Castelló.

La propuesta aprobada pide establecer un calendario de cierre de Castor una vez que haya finalizado el informe técnico encargado por Enagás al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT), y que el desmantelamiento contemple todas las garantías y todos los requerimientos de seguridad ambientales. Además, urge impulsar acciones legales para recuperar la cantidad retribuida a la empresa Escal UGS -1.350 millones de euros- en concepto de extinción de la concesión, al entender que incurrió en negligencia y que, por lo tanto, la compensación debería limitarse al valor residual de las instalaciones.

Por otra parte, los grupos reclaman incluir un plan de restauración ambiental de la zona y del entorno afectados, así como pedir informes técnicos y jurídicos que permitan determinar si los sobrecostes del proyecto han sido sobrevenidos o se podían prever o son responsabilidad exclusiva de la mala ejecución del proyecto. «El rescate con recursos de los ciudadanos de una inversión privada que ha terminado en fiasco», resumió el diputado Josep Vendrell, tras añadir que este proyecto le ha costado a la ciudadanía más de 4.700 millones de euros.

Los grupos han pactado colaborar también en las acciones legales para establecer responsabilidades ambientales, administrativas y económicas de la empresa Escal UGS por los terremotos. Cabe recordar, que el juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs investiga presuntas irregularidades en la tramitación del proyecto por parte de la Administración central y de la propia empresa por obviarse el riesgo sísmico de la actividad de la planta.

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