Dos años después de que el ex concejal del Bloc Domingo Ferrando denunciara al entonces equipo de gobierno, liderado por la popular Susana Marqués, la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Castelló ha decretado el archivo de la causa, que data del 2012.
Los ediles integrantes del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benicàssim, del Partido Popular, estaban imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la forma en que se disolvió la sociedad mixta de Desarrollo Turístico de Benicàssim (DTB).
Tras el rechazo en febrero del 2015 del archivo de la causa y con la aclaración de la querella interpuesta, ya que en un principio no se incluía la malversación de caudales públicos, continuaba abierta la posibilidad de que se abriera juicio oral contra todos los imputados, cuatro de ellos actuales miembros del equipo de gobierno de Benicàssim.
Sin embargo, la Audiencia Provincial ha resuelto a favor de los denunciados ya que, como se indica en el auto emitido, la gestión realizada por parte de los querellados «ni concurren los elementos para apreciar que estamos ante un delito de prevaricación, ni tampoco se aprecian conductas que puedan englobarse en el delito de malversación de caudales públicos pues ni hubo abuso de las funciones de su cargo por los querellados ni tampoco la financiación de la deuda respondía a criterios contrarios a la eficiencias y economía».
La decisión ha sido tomada tras estudiar los recursos de apelación presentados por varios miembros denunciados contra el auto del pasado octubre dictado por el Juzgado de Instrucción número 2 de Castelló.
La sociedad mixta Desarollo Turístico de Benicàssim, de la que el ayuntamiento poseía el 60 % y la Asociación de Empresarios Turísticos de Benicàssim (AETB) el 40 % restante, acumulaba una deuda de 130.000 euros y, para sanearla, los presupuestos municipales del año 2012 contemplaron una partida de esa cantidad destinada a hacer efectivo los pagos pendientes y con ello el consistorio adquirió el total de las acciones y liquidó la sociedad. Esa aprobación, en noviembre del 2012, con los votos a favor de todo el equipo de gobierno y con los informes desfavorables de Intervención fue el motivo por el que el concejal de Compromís, Domingo Ferrando, denunció a Fiscalía los hechos.
En el auto, la Audiencia Provincial también indica que uno de los objetivos de la disolución de la sociedad mixta era para «atender el interés económico del municipio» y establecer así una gestión del turismo de la localidad directamente desde la corporación municipal.
La alcaldesa, Susana Marqués, indicó tras conocer el auto que «todos los concejales que nos hemos visto acusados injustamente vemos ahora la ratificación de nuestra inocencia. Como siempre hemos defendido, nosotros actuamos siempre velando por el interés del municipio y los ciudadanos. Además, no lo hicimos de manera arbitraria, sino siempre guiados y asesorados por informes técnicos tanto externos como internos que avalaron las decisiones que se adoptaron y que ahora este auto corrobora. Estamos pues muy aliviados de que por fin se haya demostrado que no hemos cometido ningún delito».
«Ahora estudiaremos a fondo este asunto con nuestros abogados puesto que el daño moral ha sido muy grande y creemos que en política no todo debe valer y, por lo tanto, nos reservaremos el derecho de defender, no solo nuestra inocencia, como hemos hecho, sino también nuestra honorabilidad ante los ciudadanos».
