La denuncia sobre las presuntas amenazas del presidente de la Junta de Festes, Juanvi Bellido, a una funcionaria del Patronato Municipal de Fiestas vuelve a la casilla de salida. La Fiscalía, que recibió hace unos días de manos de la Policía Local el informe en el que se relatan los hechos, ha decidido devolver el escrito alegando que los delitos leves no necesitan la intervención del ministerio público y que debe ser la propia agraviada quien presente una denuncia ante el juzgado. La funcionaria, por su parte, ha dejado el asunto en manos del Ayuntamiento de Castelló, aseguran desde su entorno.
Tal y como avanzó este diario, el informe policial recoge las diligencias realizadas por el grupo de Espectáculos y Actividades de la Policía Local el pasado 2 de febrero. Según el parte, las amenazas a la empleada municipal se produjeron días antes, el 28 de enero, vía telefónica, y fueron consecuencia «de las irregularidades en la asignación de los puestos comerciales de la feria alternativa». El informe reproduce las palabras que supuestamente le profirió Bellido: «A partir de ahora voy a destruirte profesional y personalmente, haciendo lo que sea necesario y lo que haga falta». La concejala de Fiestas, Sara Usó, estaba delante en ese momento, según recoge el escrito.
La Policía Local remitió el atestado a la Fiscalía de Castelló al apreciar indicios de un posible delito leve de amenazas. Sin embargo, el Ministerio Público ha decidido devolver la denuncia. El fiscal jefe, José Luis Cuesta, alega que en delitos leves la fiscalía no abre diligencias ni interviene en el enjuiciamiento excepto si se da una situación de indefensión, es decir, cuando los agraviados son menores de edad, personas discapacitadas o víctimas de violencia de género. En este caso, según señala, la persona afectada está plenamente capacitada, por lo que el delito es perseguible sólo a instancias de la perjudicada, «la Fiscalía no puede suplir su voluntad», añade Cuesta.
La funcionaria, por tanto, tendría que presentar una denuncia y remitirla directamente al juzgado. Sin embargo, no parece ser esa su intención. Prefiere dejar el asunto en manos del ayuntamiento y que sea éste el que actúe si lo considera necesario, según explican desde el entorno de la empleada municipal. Y es que denunciar por su cuenta supondría ahondar más en el conflicto abierto con Bellido, con quien debe seguir tratando por motivos laborales.
Por su parte, desde el ayuntamiento indican que la actuación del consistorio ha sido la oportuna: la Policía Local ha puesto en conocimiento de la Fiscalía unos hechos que podían ser constitutivos de delito. No obstante, tras la respuesta del Ministerio Público, señalan que ahora el asunto queda en manos de la funcionaria y que debe ser ella quien actúe si lo cree necesario. El ayuntamiento no puede denunciar porque no es el agraviado, señalan. Eso sí, recuerdan que los servicios jurídicos del consistorio pueden brindar asesoramiento a la funcionaria si lo precisa.
Al margen de la vía judicial, tampoco ven factible una actuación administrativa, puesto que Bellido no es trabajador del ayuntamiento y no se le puede expedientar como ocurriría si se tratara de un conflicto entre funcionarios.
