La acusación popular va a recurrir a la decisión tomada por la Audiencia Provincial de archivar la causa contra el anterior equipo de gobierno de Benicàssim por el caso de la disolución de la sociedad Desarrollo Turístico de Benicàssim. La Fiscalía también va a estudiar presentar recurso.
Los ediles integrantes del anterior equipo de gobierno del Ayuntamiento de Benicàssim, del Partido Popular, estaban imputados por un presunto delito de prevaricación administrativa y malversación de caudales públicos por la forma en que se disolvió la sociedad mixta de Desarrollo Turístico de Benicàssim (DTB), por presuntos delitos de malversación de caudales públicos y prevaricación administrativa.
La Audiencia Provincial ha resuelto a favor de los denunciados (la alcaldesa, Susana Marqués, y ocho ediles) ya que, como se indica en el auto emitido, la gestión realizada por parte de los querellados «ni concurren los elementos para apreciar que estamos ante un delito de prevaricación, ni tampoco se aprecian conductas que puedan englobarse en el delito de malversación de caudales públicos pues ni hubo abuso de las funciones de su cargo por los querellados ni tampoco la financiación de la deuda respondía a criterios contrarios a la eficiencias y economía».
Tras este dictamen, el denunciante y acusación popular, Domingo Ferrando (ex concejal del Bloc) ha decidido presentar un recurso de casación contra el auto y con ello, tal y como indicó su defensa «la última palabra la tiene el Tribunal Supremo».
El abogado de Ferrando informó que, para ellos, la forma en que se disolvió la sociedad mixta sigue siendo delito y, por ello, van a recurrir a todas las vías legales posibles. Con el recurso de casacion «queremos que siga la imputación».
En el texto emitido a la Audiencia, la acusación popular indica que ha habido «vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva» y, a la hora de emitir el auto, hay errores en la apreciación de distintas pruebas como puede ser el informe de intervención, el de secretaría o el acta del pleno de noviembre del 2012 en el que los miembros del equipo de gobierno aprobaron adquirir el total de las acciones y liquidar la sociedad, la cual acumulaba una deuda de 130.000?.
El PP quiere disculpas
El PP provincial pidió a Compromís que pida disculpas por la denuncia que interpuso. La coordinadora de Acción Política del PP de Castellón, Elena Vicente-Ruiz reclamó «que se disculpen públicamente no sólo por dañar el honor de políticos honrados, sino a los ciudadanos, usando de forma indebida los recursos públicos».
