06 de abril de 2016
06.04.2016

Rallo exige en el Congreso eliminar las tasas judiciales

El diputado socialista critica que el PP privó «a millones de ciudadanos del acceso a la Justicia»

06.04.2016 | 00:36

El diputado del PSPV-PSOE por Castelló, Artemi Rallo, defendió ayer en la comisión de justicia del Congreso la supresión definitiva de las tasas judiciales impuestas por el exministro Alberto Ruiz Gallardón. El parlamentario socialista recordó que, durante la última legislatura, la mayoría absoluta del PP aprobó la Ley 10/2012, de 20 de noviembre, por la que se regulaban determinadas tasas en el ámbito de la Administración de Justicia y del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencia Forense, generalizando las tasas judiciales que habían sido suprimidas durante los anteriores gobiernos del PSOE.

En palabras de Rallo, «la España del PP, la de los recortes, copagos y tasazos, tuvo también su gallardonazo. A la flagrante conculcación de los derechos y libertades fundamentales de los españoles a la Salud, a la Educación o la Libertad, el exministro Gallardón sumó la privación del derecho a la Justicia al imponer unas ignominiosas tasas judiciales que disuadían y expulsaban de facto del amparo de la justicia a millones de españoles sin los recursos suficientes».

Para el diputado socialista, el clamor e indignación social por la desprotección causada por las tasas judiciales impuestas por Gallardón obligó al ministro que le sucedió, Rafael Catalá, en 2015, «a reparar tal sinsentido y despropósito y derogó parcialmente las tasas impuestas a los particulares».

No obstante, Rallo, en nombre del Grupo Parlamentario Socialista, ha propuesto ampliar la exención de tasas judiciales a las entidades sin fines lucrativos que defienden ante los tribunales intereses colectivos y derechos constitucionales y estatutarios cuando resultan vulnerados.

Además, el diputado castellonense también defendió la exclusión de las tasas judiciales para aquellas sociedades mercantiles cuya cifra de negocio sea inferior a un millón de euros, dado que la actual crisis económica les puede impedir el acceso a la Justicia.

Para Rallo, «el objetivo es eliminar barreras económicas que supongan una limitación de acceso a la Justicia. Las tasas judiciales establecidas por la Ley 10/2012 vulneran la tutela judicial efectiva e impiden la defensa de los justiciables al constituir un gravamen desproporcionado y disuasorio, sin tener en cuenta la capacidad económica». Finalmente, afirmó que «estamos aquí dando un paso más en la tarea ingente para la que nos ha mandatado el pueblo español: la reconstrucción de un sistema de garantía de derechos y libertades que durante más de tres décadas nos había enorgullecido y que el PP decidió abolir aplicando, también en la Justicia, el programa máximo de su ideología conservadora».

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