El juzgado de lo Social número 1 de Castelló acogió ayer el juicio en el que se revisa la sanción impuesta por la Universitat Jaume I a un profesor que, según la investigación interna del campus, acosó sexualmente a una alumna. El docente, que fue penalizado con la suspensión de tres meses de empleo y sueldo por tocarle el trasero a la estudiante, ha demandado a la institución académica al considerar que el castigo es «desproporcionado», mientras la UJI mantiene que este tipo de comportamientos no pueden quedar impunes y que la sanción se ajustó a la gravedad de lo ocurrido.
Los hechos se remontan a 2014, cuando la alumna presentó una queja ante el Rectorado en la que informaba de que un profesor le había realizado tocamientos durante una tutoría. Según recordó ayer en el juicio en el que declaró como testigo, el docente le tocó la espalda y «fue bajando hasta el trasero», mientras le explicaba unas dudas frente al ordenador. «Me quedé petrificada, en shock», señaló la alumna. Acto seguido, «él retiró la mano y la colocó en su mesa a la altura de la bragueta de mi pantalón, y ahí me rozó», añadió. La estudiante, que rompió a llorar en varias ocasiones durante el interrogatorio, aseguró que en los últimos dos cursos ha realizado estancias formativas fuera de Castelló porque le «angustia» encontrarse al profesor por los pasillos de la facultad.
Por su parte, el docente, que no declaró ayer ante el juzgado, reconoció en su día ante la comisión de la UJI encargada de la investigación interna, que le había tocado el trasero a la alumna, pero, según dijo, fue de manera «inconsciente». Calificó lo ocurrido de «cosa anecdótica» y se definió a sí mismo como una persona de «contacto»: «Yo me mezclo con muchísimos alumnos, como todo el mundo y bueno, pues, la verdad es que yo soy de contacto: a veces a un alumno lo cojo del brazo, me cogen a mí o a veces las chicas se ponen encima y dices: bueno, ¿dónde vas? ¿no?».
La UJI le sancionó por estos hechos con la suspensión de empleo y sueldo durante tres meses, una medida que el profesor considera «desproporcionada». Según su representante legal, «no estamos diciendo que no tuviese una conducta inapropiada, pero no es un acoso sexual». La acusación centró su argumentario en supuestos fallos de la investigación interna, al asegurar que la institución académica no actuó con «objetividad» ni practicó todas las pruebas necesarias. Además, exigió que «se limpie el nombre» del profesor y «no se vaya diciendo por los pasillos que es un cerdo o un violador». Señaló que todo este proceso le ha afectado a su honor. La parte demandante también arremetió contra la alumna alegando que «es miembro de grupos feministas» y que lo ocurrido «le viene bien» para sus fines, un argumento que provocó el llanto de la joven durante la vista oral.
La defensa de la UJI, por su parte, recordó que «los hechos que fundamentan la sanción se han cometido» y que «no pueden quedar sin reprobación». Este comportamiento supone «un trato denigratorio», subrayó, que atenta no sólo contra la víctima sino contra la propia institución. Asimismo, defendió la «escrupulosidad» de la investigación interna y la «plena proporcionalidad» del castigo impuesto. De hecho, las posibles sanciones según la normativa vigente van desde la suspensión temporal de empleo y sueldo hasta la expulsión.
Por otra parte, la UJI sostuvo que «la credibilidad de la estudiante está fuera de toda duda» por la coherencia de su relato en los sucesivos interrogatorios y porque no tiene «tacha subjetiva». «Es una alumna con buen expediente académico -7,5 de nota media-, no una estudiante avispada que denuncie con la intención de lograr ventajas académicas», señaló la defensa, quien elogió su «valentía» al presentar la queja ante el Rectorado y denunciar al profesor que la tenía que calificar. Lamentó, además, que el caso se haya acabado convirtiendo en «un proceso a la víctima».
