Los dos últimos investigados en la causa Castor han declarado hoy en el Juzgado de Instrucción número 4 de Vinaròs y han asegurado que en el Consejo de Administración de Escal, empresa que gestionaba el almacén de gas en el Mediterráneo, no se trató nunca la necesidad de confeccionar informes sobre el riesgo de sismicidad.
Según ha informado a EFE la acusación popular ejercida por la Asociación Nacional Arca Ibérica, hoy han comparecido ante el juez el vicepresidente del consejo de administración de Escal UGS SL cuando sucedieron los hechos, Mohammad Jaffar y el consejero de la mercantil, Harold Philip Gordon, los dos con residencia en Canadá.
Las prospecciones realizadas por la empresa Escal en el Mediterráneo entre las costas de Ibiza, Tarragona y Castellón coincidieron con la aparición de numerosos terremotos en la zona, que colectivos cívicos y ecologistas atribuyen a las perforaciones en el subsuelo marino que se estaban realizando.
Los dos investigados han manifestado que carecían de funciones ejecutivas delegadas y han explicado que en las reuniones del Consejo de Administración solo se debatían cuestiones relacionadas con la planificación económica, financiera y presupuestaria del proyecto pero no sobre los aspectos medioambientales del mismo.
Igualmente, ninguno de los dos recuerda si entre los meses de junio y septiembre de 2013, en los que se registró la actividad sísmica, se celebraron reuniones del Consejo para tratar el tema.
Jaffar ha declarado que en el seno del consejo no se trató en ningún momento la necesidad de confeccionar estudios e informes sobre riesgo de sismicidad.
Los investigados han declarado que no participaron directamente en la toma de decisiones relacionadas con la puesta en marcha y con la paralización de la actividad de inyección de gas, dado que en el consejo no se trataban las cuestiones operativas.
También han coincidido en afirmar que tuvieron conocimiento de los sismos a través de Recaredo del Potro, presidente de Escal UGS, y han recalcado que todas las decisiones de carácter operativo fueron adoptadas por del Potro, José Luis Martínez Dalmau -miembro del Consejo de Administración- y Carlos Barat -entonces director de Escal UGS-.
Con estas dos comparecencias han concluido las declaraciones de los 18 investigados (denominación que sustituye a la de imputado tras la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) que fueron citados a declarar por el juez instructor del caso.
La causa, que según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV ) ya supera los 13.000 folios, ha sido declarada compleja por el número de investigados, por la naturaleza de los propios delitos y por el volumen de documentación susceptible de ser sometida a análisis pericial.
La declaración de causa compleja, acordada por el instructor el pasado mes de enero, ha permitido ampliar el plazo de instrucción de seis a dieciocho meses.
