16 de abril de 2016
16.04.2016

Martínez sufre una primera condena de 8 meses de cárcel con otra causa abierta

El tribunal sólo culpa al exvicepresidente de la diputación de un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios y absuelve al resto de acusados - Considera indudable que Martínez sabía que la depuradora afectaba a su terreno y concluye que abusó de su cargo para proporcionarse un negocio

16.04.2016 | 12:12
Martínez sufre una primera condena de 8 meses de cárcel con otra causa abierta

El carrusel judicial del exvicepresidente primero de la diputación Francisco Martínez depara una primera condena de 8 meses de cárcel y 12.600 euros de multa por el escándalo de la depuradora de Borriol. El castigo es leve teniendo en cuenta que el fiscal pedía cuatro años de prisión, pero complica el futuro del exdirigente del PP al estar afectado por otra investigación sobre la relación de sus empresas con el urbanismo de Vall d'Alba. El Código Penal establece la posibilidad de dejar en suspenso el ingreso en prisión cuando las penas no exceden de dos años. Pero fija como requisito que el condenado no sea reincidente, por lo que un nuevo revés judicial le empujaría a la cárcel.

La sentencia de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial –que es recurrible ante el Tribunal Supremo–sólo condena a Francisco Martínez, mientras que absuelve al resto de acusados: el exalcalde de Borriol Adelino Santamaría, los dos hijos de Martínez, su socio empresarial Raúl Babiloni y el empleado de éste Luis García del Campillo. El tribunal únicamente considera probado un delito de negociaciones prohibidas a funcionarios, por el que impone al exvicepresidente provincial una condena de 8 meses de cárcel, multa de 12.600 euros e inhabilitación de dos años para empleo o cargo público. Queda absuelto de los delitos de prevaricación, tráfico de influencias y fraude ilegal, de los que también le acusaba el fiscal, quien pedía en total 4 años de cárcel.

El delito de negociaciones prohibidas por el que ha sido condenado Martínez consiste en un abuso del cargo público para lograr un beneficio económico. El tribunal recalca que la condición de vicepresidente primero de la diputación le obligaba «a ser muy cuidadoso» en el ejercicio de sus funciones públicas y empresariales. La sala considera insostenible el argumento de Martínez de que desconocía que la depuradora de Borriol afectaba a una parcela propiedad de su empresa familiar Franvaltur. De haberse formalizado la venta al ayuntamiento, Martínez habría obtenido un beneficio de 50.000 euros.

«El acusado ha negado los hechos y sus hijos también han manifestado que su padre no sabía nada de ello, pero no es posible», señala. «No es suficiente con decir que no lo conocía y que no miraba lo que firmaba, puesto que sabiendo que tenía fincas en dicha zona debió de conocer dicho extremo y a esta sala no le surge ninguna duda de que realmente lo conocía», añade.

El tribunal incide en que la participación de Francisco Martínez en la tramitación de la depuradora no fue decisiva, ya que su voto fue uno más en las comisiones y plenos de la diputación. Sin embargo, advierte de que si el resto de diputados hubieran conocido la vinculación de Martínez con los terrenos «el resultado habría sido distinto posiblemente». «Se aprovechó de su no comunicación al resto de diputados provinciales para beneficiarse de la inclusión de la finca». Por lo tanto, concluye que abusó de su cargo «para posibilitarse a sí mismo un negocio, aunque sin coacciones ni influir sobre terceros». Una conducta que contó con la complicidad del hijo de Martínez, el empresario Raúl Babiloni y el empleado de éste Luis García del Campillo, que se concertaron para ocultar la propiedad de la finca.

Finalmente, el tribunal recalca que se ha producido un «grave quebranto en la confianza que los cargos públicos deben transmitir a los ciudadanos, con una grave alarma social». Sobre la multa impuesta, la sala presume que Francisco Martínez tiene «una importante capacidad económica, dada su participación en varias empresas».

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