La ley no deja demasiado margen a los ayuntamientos a la hora de conceder ayudas a personas morosas. Al menos así lo interpretan algunos municipios, que en cumplimiento de la ley de subvenciones descuentan de la ayuda para libros de texto del plan Xarxa Llibres las deudas que las familias tienen con el consistorio por multas o tributos impagados.
Al igual que ha hecho el Ayuntamiento de Almassora y tal y como prevé hacer el de Benicàsim, el consistorio de Vila-real también ha detraído de las prestaciones para libros las cuantías adeudadas por las familias morosas, según explicó ayer la concejala de Educación, Silvia Gómez, quien recordó que es la manera de proceder habitual con las ayudas públicas, pues la ley no permite subvencionar a quien tiene una deuda con la administración.
En este sentido, recordó que la normativa permite descontar de la ayuda el importe impagado siempre y cuando se trate de una deuda contraída con las arcas municipales. Si se debe dinero a la Agencia Tributaria o a la Seguridad Social el ayuntamiento no puede conceder la ayuda, advirtió la edil.
De esta manera, familias que habían resultado beneficiarias del plan Xarxa Llibres pueden ver mermada la cuantía si tienen deudas con el consistorio, mientras que las morosas con la Administración central se quedan fuera de la prestación.
En Vila-real, al igual que en otros municipios, aseguran que se ha seguido un criterio puramente técnico, es decir, que es la intervención municipal la que decide cómo proceder en función de la normativa vigente.
No obstante, otros ayuntamientos parecen haber encontrado subterfugios legales para evitar que la morosidad condicione la prestación de la ayuda. Es el caso de Onda, donde el ayuntamiento creó sus propias bases para gestionar Xarxa Llibres de manera que no se tuviera en cuenta si las familias beneficiarias eran deudoras, según explicaron a este diario fuentes municipales.
Tampoco en la Vall d'Uixó se condicionó las ayudas para libros a la morosidad. Según detallaron desde el consistorio, todas las ayudas a escolares, sean becas propias del ayuntamiento como las del plan de la Generalitat, se articulan para que todas las familias puedan acceder a ellas, independientemente de si están o no al corriente de pagos con la administración.
