Compromís ha presentado en el Senado una moción en la que insta al Gobierno a asumir el coste del canon de construcción a satisfacer de las desaladoras de Castelló. También le pide derogar los convenios suscritos con los ayuntamientos afectados vinculados a las diferentes plantas y redactar otros nuevos que contemplen nuevos estudios de viabilidad «realistas».
En concreto, la coalición considera que estos usos deben valorar los posibles usos, aprovechamientos, costes de estas dos desaladoras y renegociar los acuerdos con las entidades locales de acuerdo a la nueva realidad que se determine y renegociar con la Unión Europea la inversión hecha de los fondos Feder para evitar que la no puesta en funcionamiento, hasta ahora, suponga alguna sanción.
El senador de Compromís Carles Mulet ha destacado que el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero «aprobó en pleno boom inmobiliario la creación de desaladoras en los municipios de Cabanes y Moncofa para permitir y promover grandes actuaciones urbanísticas en el litoral de Castelló y, en teoría, mejorar el suministro actual».
«Ambos municipios tuvieron que ceder gratuitamente suelo, de gran valor económico, para hacer posible estas actuaciones», ha dicho Mulet, quien ha añadido que Acuamed promovió la actuación dentro del programa AGUA y firmó convenios con los ayuntamientos afectados: Cabanes, Orpesa, Moncofa y Xilxes.
«Los grandes proyectos urbanísticos nunca se materializaron», ha denunciado. Así, ha indicado que «pasados los años, con las obras completamente finalizadas, nadie reclama su puesta en funcionamiento y hay un gran desconcierto sobre el futuro de estas infraestructuras y las posibles repercusiones».
De este modo, ha considerado que «ni la administración central ni los ayuntamientos han hecho nada para informar al respecto o para modificar los convenios, a pesar de los riesgos que se prevén y de las posibles sanciones europeas que implicarían devolver casi 35 millones de euros de ayudas si no se ponía en funcionamiento antes del 31 de diciembre de 2015».
Factura de 35 millones
Carles Mulet ha manifestado como «ahora, por no querer abordar el problema, este aplazamiento sin haber negociado ninguna alternativa, puede costar 35 millones de euros para tener que devolver estos fondos a Europa y, cualquiera que sea la forma de pagarlo, si se pone en funcionamiento sin modificar los convenios, ahogará económicamente a los cinco ayuntamientos afectados», por lo que ha apostado por pensar nuevas alternativas de uso de las instalaciones, ya que no existe ninguna demanda «como única manera de hacer rentable ahora esta inversión».
