Ni morirse puede uno tranquilo. Eso pensarán posiblemente los vecinos de la Vall d´Uixó cuando tengan conocimiento de la última polémica a raíz de una revelación hecha pública ayer por el primer teniente de alcalde, Antoni Llorente, en referencia a una posible irregularidad en la adjudicación de los nichos en el cementerio municipal en el año 2014.
Todo tendría que ver con la vulneración de los criterios que vienen establecidos en la ordenanza municipal a este respecto, que entre otras cosas regularía que la distribución de los nichos se realiza por orden de solicitud de izquierda a derecha y de arriba a abajo. Al parecer, según pudieron saber en el equipo de gobierno, al menos en dos ocasiones se decidió alterar el orden de esa adjudicación, porque «es evidente que hay lugares que gustan y otros que no», en referencia a si los difuntos se entierran en la parte más alta o más baja, siendo los primeros los que menos agradarían a los familiares.
De este modo, la posible irregularidad en la que podría haber incurrido el gobierno municipal en el año 2014, consistiría en sellar algún nicho sin estar ocupado, para que así corriera el número de adjudicación y el solicitante en cuestión pudiera ocupar otro más bajo. Que se tenga constancia esto habría sucedido en dos ocasiones. Pero lo más surrealista del caso tendría que ver con la forma de disimular esta acción. Según explicó Llorente, uno de los nichos vacíos simplemente estaría sellado con ladrillos y yeso, sin que constara ninguna placa identificativa de su ocupante, como suele ser habitual, pero en otro «hay incluso una lápida con nombre y apellidos de los que no existe constancia».
El edil de EU anunció que está previsto que la semana que viene se ponga en marcha un expediente averiguatorio para discernir si «los indicios que tenemos son finalmente ciertos, lo que pondríamos en conocimiento del órgano judicial correspondiente», dado que desde el equipo de gobierno se considera que, de ser ciertos los hechos, se habría cometido un presunto delito de prevaricación «por incumplimiento de la ordenanza municipal».
El equipo de gobierno tuvo conocimiento de la posible existencia de nichos vacíos como consecuencia de la revisión de los registros referentes al cementerio, aunque por un tema relacionado con unas facturas.
«Contentar a terceros»
Al parecer, según explicó Llorente, se les informó de que podría haberse llevado a cabo esta práctica que tendría como único objetivo «contentar a terceras personas», lo que supondría, desde su punto de vista, un agravio comparativo ignorando el principio de igualdad que debería de regir en la relación de cualquier administración con los ciudadanos.
Lo cierto es que, según insinuó Llorente, el expediente no se abrirá por meras sospechas sino porque, al parecer, tendrían en su poder documentos oficiales que constatarían que esta irregularidad «respondió a una orden política». Desde el equipo de gobierno se entiende que, de ser cierto, esta sería una prueba más sobre la costumbre del anterior gobierno municipal de actuar sin tener en cuenta determinadas normativas, tal y como señaló el edil.
Los primeros pasos de la investigación ya se han dado. A parte de tener la certeza casi absoluta de que no hay nadie enterrado en ninguno de los dos nichos a los que se hace referencia, dado que se ha hablado con los trabajadores de estas instalaciones, desde el ayuntamiento se ha consultado la procedencia de la persona cuyo nombre aparece en la lápida objeto de la investigación «y no consta en ninguna parte», ni en el padrón de habitantes local, ni como poseedor de DNI, ni ha tenido nunca carnet de conducir. Además, parece ser que el nombre llama especialmente la atención porque sería propio del País Vasco.
La resolución de estas dudas sería fácil abriendo ambos nichos, pero legalmente no puede hacerse hasta que no pasen cinco años desde la sepultura. De tal manera que la intención del equipo de gobierno es que, a raíz de la apertura y resolución de este expediente se consigan razones suficientes para que «nos autoricen legalmente a abrir los nichos», aunque, a tenor de las pruebas, todo apunta a que no encontrarán nada en su interior.
Aunque el delito cometido solo supondría la vulneración de una ordenanza municipal, Antoni Llorente admitió que esta noticia «causará mucho impacto social», porque a su entender «los vecinos de la Vall tienen asumido que la adjudicación de los nichos va por estricto orden» y estos hechos probarían que en algún momento se ha dado un trato de favor a determinadas personas, aunque en la actualidad no se podrían precisar los motivos.
El edil señaló que «si Óscar Clavell, como alcalde que era en ese momento, o algún miembro del anterior equipo del Partido Popular tienen conocimiento de este tema y quieren ayudar a aclarar esta cuestión, estaremos agradecidos por su colaboración». En este sentido Clavell explicó a este diario que se pone a disposición del equipo de gobierno para hablar sobre el tema.
