El Ayuntamiento de Castelló se ha visto obligado a eximir del pago de una sanción de 70.000 euros a la Unión Tempora de Empresas formada por Becsa y Piaf por no responder a su recurso en los plazos establecidos. Esta circunstancia se produjo en el pasado mandato y el expediente caducó.
El actual ejecutivo local analizará si legalmente es posible abrir otro expediente, según fuentes municipales. El equipo de gobierno de Alfonso Bataller abrió un proceso sancionador a la UTE por un defecto en una obra adjudicada. La alianza empresarial recurrió y finalmente ha ganado el caso por silencio administrativo, ya que el consistorio no respondió en los tiempos marcados por la legislación.
