La crisis económica se ha reflejado con claridad en el ámbito judicial. No sólo por el aumento de los desahucios, los ERE u otros asuntos ligados al empobrecimiento de la población que han atascado los juzgados en los últimos años, sino también por el incremento de solicitudes de justicia gratuita. En la provincia de Castelló se tramitan al año 10.000 peticiones para acceder a la representación legal de los abogados de oficio, un servicio dirigido a los ciudadanos sin recursos que no pueden permitirse pagar los honorarios de un letrado y cubrir los costes procesales.
El balance de este servicio lo presentó ayer el abogado coordinador de Presidencia de la Generalitat y vocal de la Comisión de Justicia Gratuita de Castelló, Roberto Álvarez, quien participó como ponente en el Foro por la Justicia en la Comunitat Valenciana celebrado en la Casa dels Caragols. La comisión de la que es miembro se encarga de resolver los expedientes y decidir si los solicitantes cumplen o no los requisitos legales para acceder a un abogado de oficio.
Según señaló, en sus 20 años de trayectoria este órgano ha atravesado por fases distintas. Desde el momento de su creación, en 1996, hasta 2001 se registraron «pocas solicitudes» y los problemas a los que se enfrentaban los profesionales eran «de fondo, de interpretación de la ley». Después empezó a incrementarse el número de peticiones y la comisión seguía contando «con los mismos medios materiales y humanos» que al principio, lo que ocasionó «problemas formales» como la imposibilidad de tramitar en condiciones todos los expedientes que recibían.
No obstante, el verdadero punto de inflexión llegó en 2007. En plena crisis las solicitudes de justicia gratuita se dispararon hasta llegar a los niveles actuales de 10.000 peticiones al año, pues mucha gente que antes no necesitaba este servicio ahora no puede costearse un abogado, indicó el experto. Para dar respuesta a la ingente demanda, el sector de la abogacía reclama la implantación del expediente electrónico, ya que en la actualidad todas y cada una de las miles de solicitudes se tramitan en papel. En Valencia la introducción de las nuevas tecnologías en este ámbito «ha funcionado bien», pero en Castelló ni siquiera se ha dado el primer paso para modernizar el sistema, lamentó Álvarez, quien urgió a la administración autonómica a poner en marcha esta medida.
Cree que es «la única opción posible para mejorar el servicio» y agilizarlo, ya que en la actualidad se tarda una media de dos meses en completar la tramitación de una solicitud (un mes para gestionar la petición y otro para resolverla). «10.000 expedientes al año en Castelló no es una cuestión que se pueda obviar», señaló el vocal de la Comisión de Justicia Gratuita de Castelló.
Cambios en el sistema
El foro fue inaugurado por la directora general de Justicia, Àngels García Vidal, quien señaló que una de las prioridades de la conselleria es la mejora del servicio de justicia gratuita. En la actualidad el departamento que dirige Gabriela Bravo está tramitando un nuevo decreto en el que se contemplará la ampliación del derecho a otros colectivos, como la población presa o las personas con discapacidad. Además, García recordó que con la llegada del nuevo Consell se incrementó el baremo de honorarios de los abogados de oficio un 25 por ciento.
