La traducción y la interpretación en los procesos penales es un derecho reconocido por el Parlamento Europeo, en cuya directiva de noviembre de 2010 establece la obligatoriedad de que todos los países creen «un registro de traductores e intérpretes independientes y cualificados que se pondrá a disposición de los abogados y las autoridades pertinentes». A día de hoy, el Gobierno español aún no ha creado tal registro y el ámbito de los intérpretes judiciales sigue siendo un «coladero» de traductores sin capacitación subcontratados a través de empresas privadas que pagan sueldos irrisorios.
Así lo denuncian la vicedecana del Grado de Traducción e Interpretación de la Universitat Jaume I de Castelló, María Jesús Blasco, y la profesora de traducción jurídica del mismo, Anabel Borja, quienes, junto a otros colegas del sector, reclaman a la Conselleria de Justicia que imponga criterios de calidad en la selección de los intérpretes judiciales. Y es que el grado de precisión de una traducción es clave cuando se trata de esclarecer presuntos delitos.
Hay juicios que parecen sacados de Lost in translation, una famosa película ambientada en Japón en la que el protagonista estadounidense experimenta situaciones hilarantes a cuenta de traducciones incompletas o imprecisas. La diferencia cuando hay problemas de comunicación en un juzgado es que la situación no resulta graciosa, sino preocupante, pues está en juego el devenir de un acusado o de una víctima. «Se desvirtúa el proceso penal si no tienes a un profesional», advierte Blasco. «La intervención de expertos en interpretación resulta imprescindible para garantizar la seguridad jurídica y el respeto de los derechos de las víctimas», añade Borja.
A menudo se dan situaciones que evidencian la falta de rigurosidad en las interpretaciones. Sin ir más lejos, en el juicio que se celebró hace unas semanas en la Audiencia de Castelló contra un atracador conocido como «El Solitario», el propio acusado corrigió en varias ocasiones a la intérprete de portugués porque no era fiel en su traducción. A veces incluso los jueces, en un intento por arrojar la mayor claridad posible a las declaraciones, se ven obligados a dar instrucciones a los intérpretes para que traduzcan con rigurosidad, frase por frase, lo que un compareciente expresa en sede judicial. Cosas así difícilmente ocurrirían con un profesional de la traducción.
La vicedecana de la UJI pone otro ejemplo del que tuvo conocimiento. En un juicio en Castelló una intérprete de rumano que no sabía decir en español la palabra «guantera» -donde se supone que el acusado había guardado una pistola-, decidió traducirla como «maletero». El juez, sorprendido por la respuesta, tuvo que repreguntar porque no daba crédito a lo que oía.
Las traducciones deficientes pueden llegar a ser peligrosas. La Asociación Profesional de Traductores e Intérpretes Judiciales y Jurados (Aptij), de la que es vocal el profesor de la Universidad de Alicante, Juan Miguel Ortega, viene denunciando desde hace años situaciones que resultan inverosímiles. Mujeres víctimas de violencia machista a las que sus intérpretes aconsejan volver con su maltratador o traductores que filtran información a los delincuentes sobre investigaciones en curso son algunos de los casos denunciados por esta asociación con la que colabora la profesora María Jesús Blasco.
¿Por qué se dan situaciones así? La experta señala que en la actualidad los intérpretes judiciales son contratados a través de empresas privadas a las que la Conselleria de Justicia adjudica este servicio. Según explica, estas compañías se quedan con el 80 por ciento de los honorarios y pagan a los traductores unos 8 euros la hora. «Con esta miseria de remuneración ¿quién va a trabajar ahí? Los intérpretes titulados no», asevera Blasco. Es común, por tanto, que las empresas recurran a personas extranjeras que se dedican a cualquier otra actividad y eventualmente ejercen como traductores sin estar cualificados. Se echa mano, incluso, de personas con antecedentes, afirma.
Propuesta de los profesionales
La Conselleria de Justicia asegura que los pliegos de condiciones para la contratación de estos servicios exigen que los intérpretes tengan una titulación que acredite conocimientos del idioma en cuestión. No obstante, admiten que no siempre es posible, pues hay lenguas como el wolof (que se habla en Senegal) de las que es prácticamente imposible encontrar personas acreditadas. En la Comunitat Valenciana la empresa encargada de proporcionar los servicios de traducción es Seprotec, que tiene presencia en toda España. Este año, según advierten desde conselleria, se termina el contrato, por lo que se están preparando los pliegos para sacarlo de nuevo a concurso público.
La vicedecana de la UJI junto a otros profesionales del sector han sido invitados por la conselleria al Foro de Justicia en el que se debaten mejoras en el ámbito judicial. El grupo de intérpretes está preparando una propuesta que remitirá al departamento autonómico en la que plantean intensificar el control sobre la calidad del servicio. Piden que en los pliegos de condiciones se incluyan criterios cualitativos y, además de exigir la acreditación necesaria, se someta a los intérpretes a exámenes no sólo de idiomas extranjeros sino también de español. De hecho, este grupo de trabajo se ofrece para diseñar las pruebas acreditativas. Confían en que el nuevo Consell atienda las reivindicaciones y ponga solución a un problema que consideran de capital importancia.
