La Generalitat condiciona la transferencia de las competencias en Cercanías ferroviarias del Estado a una inversión en infraestructuras de 3.606 millones de euros, a la modernización del material móvil por importe de 75 millones y al pago de una compensación anual por déficit de explotación que se estima en otros 63 millones de euros.
No obstante, la inversión en infraestructuras no es un requisito previo para asumir las competencias, aunque sí deberán estar contempladas con un calendario claro de ejecución y dotadas económicamente en los Presupuestos Generales del Estado, matizaron en la Generalitat.
El director general de Obras Públicas, Transporte y Movilidad Carlos Domingo, aseguró que la reivindicación de las inversiones está provocada por el abandono al que han sido sometidos los 412 kilómetros de líneas existentes y a la necesidad de ampliar algunos de los trayectos. «En la propuesta de transferencias incluimos un plan de inversiones que mejore el servicio y también la infraestructura.
La situación actual es claramente deficiente y la Generalitat quiere las transferencias para dar un mejor servicio a los ciudadanos, pero con infraestructuras adecuadas a sus necesidades actuales. Es un plan que en la transferencia de competencias debe estar contemplado, concretado con los plazos de ejecución e inversión para realizar antes, durante y después», declaró.
Carlos Domingo justificó la petición de la Generalitat en «la mala gestión, el caos y la falta de inversión en la red de Cercanías» y dijo que la petición de la trasferencia de las competencias se hará «con la entrada del nuevo gobierno de España». «Es una competencia que está contemplada en el Estatut, que han asumido otras comunidades autónomas y que nosotros vamos a solicitar», añadió.
Según explica la Generalitat, la transferencia de competencias significaría que el Gobierno valenciano debería asumir las funciones de regulación, planificación, coordinación y gestión del transporte de viajeros por ferrocarril de Cercanías, mientras que la Administración central se reservaría las competencias referentes a la infraestructura de red ferroviaria de interés general, licencias de la empresa ferroviaria, formación y habilitación del personal y seguridad de la circulación ferroviaria.
La Generalitat «no asumiría pérdidas anteriores» y recibiría anualmente el déficit de explotación del servicio público.
El traspaso se formalizaría mediante un contrato-programa suscrito entre la Generalitat Valenciana y Renfe operadora con un coste anual que se estima en 63,3 millones de euros que se corresponden con el déficit de explotación previsto.
Una red incompleta
En la actualidad, el servicio de Cercanías opera sobre una red de 412 kilómetros de líneas férreas. La C1 cubre el trayecto Valencia-Gandia; la C2 Valencia Moixent; la C-3 conecta actualmente la estación de Sant Isidre con Utiel; C4 entre Sant Isidre y Xirivella; la C5 Valencia-Caudiel y la C-6 entre Valencia y Castelló.
Además en Cercanías-Alicante Murcia Renfe explota los tramos Alicante-Murcia (C1) y Alicante-San Vicente del Raspeig.
Según la información de que dispone la Generalitat y que deberá actualizarse antes de cualquier traspaso, los ingresos ascienden a 32 millones mientras que los gastos de explotación ascienden a 67 por lo que la compensación sería de 35 millones
Carlos Domingo recordó que 20 millones de viajeros utilizan estos trenes cada año en la Comunitat. «Es un servicio necesario que urge de mejoras y también de ampliación de líneas que lleguen a más poblaciones. Por ello exigimos una red más ampliada de la actual con líneas como la de Castelló-Vinaròs, Sant Vicent del Raspeig-Villena, la modernización de las líneas Xàtiva-Alcoi, Cullera-Gandia, o la creación de Gandia-Denia o Dénia-Alicante conocido como tren de la costa».
En esta versión ampliada, la red tendría 745 kilómetros y el déficit de explotación se situaría en torno a los 63,3 millones de euros, según la Generalitat.
