El juzgado de Nules acogió ayer la primera declaración del ex concejal de Obras y el encargado de la Brigada antes de 2015, imputados por el conocido como Caso de la Chatarra, pero también la de todos los miembros de la brigada que trabajaron en el consistorio en el período de tiempo al que afecta la investigación, de los cuales dos han pasado a estar imputados, tal y como ya avanzó en su día Levante de Castelló.

Las declaraciones se iniciaron a las 13.30 horas, pero se prolongaron durante buena parte de la tarde, dada la cantidad de personas que tuvieron que pasar por delante del juez. Según explicó ayer el portavoz del PP y alcalde en la época en la que supuestamente se cometieron las irregularidades denunciadas por el actual equipo de gobierno, Mario García, «los compañeros por fin han tenido la oportunidad de declarar ante el juez, pero sobre todo de saber de qué se les acusa, ya que hasta ahora no tenían conocimiento de los motivos de su imputación». De hecho, si hasta ahora no habían hecho declaraciones públicas había sido por desconocimiento de su situación procesal.

A partir de este momento, en palabras de García, «sabremos qué es lo que se está investigando y por lo tanto podremos tomar una postura al respecto y podrán defenderse con garantías». En cualquier caso, el ex alcalde señaló que «confiamos en la justicia», que deberá dilucidar si hubo delito o no en la gestión de la venta de la chatarra que se realizó durante las dos legislaturas en las que gobernó el PP.

La apertura de este caso se remonta al mes de octubre de 2015, cuando los cuatro portavoces del equipo de gobierno realizaron una comparecencia conjunta ante los medios de comunicación para informar sobre lo que consideraron una posible «irregularidad» en la venta de la chatarra.

Quien presentó la denuncia fue el concejal de Obras, Adrián Sorribes, que fue quien detectó la posible anomalía, que consistían en que se había vendido material de propiedad municipal a varias chatarrerías «sin que constara ningún ingreso en el departamento de Intervención y sin que existieran albaranes en el ayuntamiento», tal y como señaló el propio Sorribes. Sus sospechas se evidenciaron cuando al comprobar cómo se acumulaban numerosas cabezas de farolas en el almacén, preguntó cómo se debían gestionar esos residuos de manera adecuada y descubrió que durante los últimos años «que se sepa» este tipo de materiales se llevaban a reciclar por empleados municipales en vehículos del ayuntamiento «se entregaban en chatarrerías donde se daba a cambio dinero en metálico», aunque sin que quedara constancia contable, explicó Sorribes.

Tras las primeras investigaciones alguien, no se precisó quién, entregó al propio Adrián Sorribes «un sobre con 687 euros» que al parecer se guardaba en el almacén municipal y procedía de esas ventas. Fue cuando este decidió «junto con el Jefe de turno de la Policía Local, acudir a la Guardia Civil y presentar una denuncia». En octubre pasado el Juzgado nº 4 aceptó a trámite la denuncia presentada en julio del mismo año.

El cálculo realizado por el equipo de gobierno rondaría los 15.000 euros en ingresos sin contabilidad por esta vía, según precisó el alcalde, David García. Y no se dieron más detalles aduciendo que la Guardia Civil se estaba encargando de la investigación. Por este mismo motivo el PP solicitó una comisión de investigación «por el ocultismo» con el que el cuatripartito estaba tratando el tema «sin dar información, porque lo que quieren es legitimar el gobierno que no consiguieron en las urnas, en los tribunales», lamentó Mario García.