Una nueva sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ratifica la nulidad para el Plan Parcial del Sector Playa de Almenara en respuesta al recurso presentado por la empresa urbanizadora a la anterior sentencia de 2014, con lo que se agotaría una vía judicial que no está dando solución a un problema que lleva enquistado prácticamente desde que se planteó como consecuencia, entre otras cosas, de las denuncias presentadas por un colectivo de vecinos que quedaron fuera del proyecto y que se encuentran en suelo urbanizable, pero fuera de ordenación.
El conflicto se remonta al año 2003, cuando se planteó la construcción de un PAI en la zona sur de Almenara, entre la primera línea de costa y el límite con la marjaleria. Como reconoció ayer la alcaldesa, Estíbaliz Pérez, los escollos con los que se ha enfrentado este proyecto tendrían que ver con los cambios legislativos en materia urbanística que han ido produciéndose a lo largo de este tiempo, pero podrían haberse resuelto desde el punto de vista administrativo, si no fuera por las denuncias presentadas por los vecinos que, según su representante legal, buscarían negociar con el consistorio una solución a la situación de sus propiedades, en las que no se puede realizar ningún tipo de actuación, reforma o mejora «por estar fuera de ordenación», a parte de no tener servicios básicos como alcantarillado.
La alcaldesa advirtió que «los anteriores servicios jurídicos del ayuntamiento nos dijeron que este problema tenía una difícil solución», pero en la actualidad se estarían estudiando todas las vías posibles para revertir la situación de más de un centenar de casas que no estarían amparadas por la ley. Para algunas de ellas Estíbaliz Pérez recordó que el pleno solicitó acogerse a la posibilidad que ofrece la nueva Ley de Costas para reducir la franja de 100 metros de servidumbre a 20 para las construcciones de primera línea, siempre que se demuestre que son núcleos urbanos consolidados, como se defiende en este caso. De aprobarse esta petición desde el Ministerio, «al menos se eliminaría una problemática» a la ya existente de inicio. Pérez añadió que se trata de dos problemáticas distintas.
En relación al Plan Parcial, confirmó que desde que se notificara la sentencia anterior, en 2014, el ayuntamiento «optó por presentar los informes que el tribunal requería para subsanar los defectos del proyecto», informes como el de viabilidad económica o el de disponibilidad de recursos hídricos, entre otros. La alcaldesa confirmó que el consistorio presentó toda la documentación necesaria para que desde los servicios técnicos de las diferentes consellerias se informara, y se espera que «en el mes de junio estén finalizados», aunque lo que no se sabe es si serán favorables o desfavorables.
El representante legal de los vecinos litigantes afirmó ayer que «es imposible que se les de viabilidad a no ser que se mire hacia otro lado», dado que entiende que en la actualidad, pro poner un ejemplo, no hay salida para las aproximadamente 400 viviendas construidas en varios bloques, por lo que el informe de viabilidad económica, desde su punto de vista, debería ser negativo. La misma opinión tiene sobre el de recursos hídricos, aunque en este caso, la alcaldesa aseguró que el ayuntamiento ha realizado gestiones para, entre otras cosas, poder acogerse al metro cúbico del Consorcio del Morvedre y la Baronia lo que, junto al agua de la Font de Quart, cubriría este aspecto.
