La evolución territorial y ambiental estratégica del Plan Parcial Sector Playa de Almenara «será aprobada en el próximo mes», según habría confirmado la dirección general de Vertebración del Territorio al ayuntamiento, lo que desde el punto de vista municipal supondría el paso administrativo definitivo para replantear un proyecto que viene arrastrando una serie de sentencias judiciales en contra que han acabado hace unos días con su anulación definitiva.

Tras tener conocimiento de la última sentencia que quitaría la razón a la urbanizadora en razón a deficiencias como no contar con informes de viabilidad económica o de disponibilidad de recursos hídricos, entre otros, la alcaldesa de Almenara, Estíbaliz Pérez, explicó que el consistorio decidió recurrir a la vía administrativa, y no a la judicial, por lo que se planteó «tramitar un nuevo Plan Parcial ante la conselleria de Vivienda, Obras Públicas y Vertebración del Territorio», dado que en virtud de la sentencia «el suelo urbanizable, declarado como tal en noviembre de 2002 y que está reparcelado desde 2004 y urbanizado desde 2008, deja de estar amparado por el Plan Parcial que lo reguló».

Según explicó ayer el consistorio en un comunicado, «la argumentación en que se basa la sentencia, lejos de discutir el modelo de ciudad que se propuso por el ayuntamiento», lo que pondría de manifiesto «es el hecho de que por parte de la Conselleria no se debieron de conservar los informes que sirvieron de base para la primera aprobación del Plan Parcial», por lo que el equipo de gobierno estaría responsabilizando al gobierno autonómico del PP, que «debía reclamar estos informes de nuevo, conforme a la normativa de la LUV de 2005».

Desde el ayuntamiento se insistió en que «en la actualidad todos los organismos sectoriales ya han emitido los informes necesarios para la declaración de la evaluación ambiental y territorial estratégica, y por lo tanto solo quedaría pendiente de la tramitación municipal definitiva».

En cuanto a cómo afecta la anulación del Plan Parcial a los propietarios, desde el consistorio se aseguró que «por parte de la justicia no se ha declarado la ilegalidad de ninguna de las licencias que se otorgaron en su día al amparo de los planes parciales», por lo que la sentencia no afecta a las viviendas y construcción ya ejecutadas al amparo de la pertinente licencia».

Con todo, la propia alcaldesa reconoció que esta situación es consecuencia de la decisión de un grupo de propietarios que se quedaron fuera de esta urbanización de denunciar el proyecto en base a las deficiencias detectadas.

Según confirmó su representante legal, a lo único que aspirarían estos vecinos de esta zona sería a «negociar con el ayuntamiento una solución para su caso» ya que más de un centenar de viviendas de primera fila, frente a este sector, al quedarse fuera del PAI seguirían fuera de ordenación, con las consecuencias que ello supone.