El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, y la Diputación de Castelló protagonizan un nuevo encontronazo a colación de las inversiones al tejido municipal por parte de la institución provincial. Puig se alía con las grandes localidades de Castelló, gobernados por coaliciones de izquierda, que se consideran marginadas de los planes de obras de la diputación.
El jefe del Consell se reunió ayer en Castelló con los alcaldes de la capital de la Plana, Vila-real, Vinaròs, Benicarló, Borriana, la Vall d'Uixó, Onda y Almassora, para hacer un frente común contra la «discriminación» que sufren, a su juicio, los municipios de más de 20.000 habitantes. Anunció que el Consell está estudiando gestionar ayudas y dar apoyo jurídico a los ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la provincia que son «excluidos» por la diputación.
Explicó que se ha publicado ya en el Boletín Oficial de la Generalitat las ayudas para el mantenimiento y el refuerzo de la autonomía municipal en los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes, que han pasado de un millón «con el Gobierno anterior del PP a casi 5 millones con el Gobierno actual». Se han aprobado, sostuvo, «de una manera abierta sin ningún tipo de discriminación ni de orientación partidista».
Puig aseguró que se trata de «mejorar la vida de los ciudadanos, garantizar la prestación de los servicios y garantizar la autonomía de los ayuntamientos» y no a «dirigir cuales son las políticas ni la voluntad de cada pueblo».
Por eso se ha hecho este plan de ayudas, explicó Puig, quien añadió que «también en 2017 se pondrá en marcha, si no hay ningún otro problema de financiación, el fondo de cooperación local». Indicó que en la reunión se ha hablado de algunas derivadas de la «discriminación que está sucediendo en la provincia de Castelló por parte de la diputación».
«Agresión»
A su juicio, es «absolutamente incomprensible» que Castelló «sea la única provincia donde los ayuntamientos mayores de 20.000 habitantes estén excluidos de ayudas fundamentales. Es una situación que no es razonable, por lo que la Generalitat se ha comprometido a que se restablezca la normalidad». La Generalitat «hará un estudio jurídico para ver si se puede dar apoyo a la demanda justa de los ayuntamientos» y además «vamos a buscar fórmulas para compensar a los ayuntamientos la agresión que están sufriendo de la diputación», manifestó Puig.
