El director territorial de Presidencia de la Generalitat Valenciana en Castelló, Adolf Sanmartín, indicó ayer que el presidente de la diputación, Javier Moliner, es un «problema» para la provincia «porque hace agravios comparativos entre los pueblos», y señaló que esta forma de hacer política le «inhabilita» en esa responsabilidad.
Sanmartín acusó a Moliner en una rueda de prensa de «falta de lealtad institucional» que, según dijo, «no se puede permitir», y apostó por «desenmascarar» a los actores «de este paripé que ha montado la diputación», en referencia a la exclusión de los municipios de más de 20.000 habitantes de algunas de las ayudas de la institución provincial.
Así, lamentó que el ente provincial discrimine «por razones tremendamente partidistas» a los ocho municipios de la provincia con más de 20.000 habitantes, como es el caso de Castelló, Vila-real, Borriana, Almassora, la Vall d'Uixó, Onda, Vinaròs y Benicarló, que, según dijo, aglutinan 400.000 habitantes. Al respecto, señaló que «no se discrimina a estos ayuntamientos, sino al 70 por ciento de la población de Castelló».
Consistorios del PSPV
Además, alertó de que se daba la «casualidad» de en que ninguno de estos ayuntamientos estaban gobernando el PP, sino el PSPV, Compromís o estas dos fuerzas políticas a través de un acuerdo, y se preguntó «por qué no actuó así la diputación hace años».
«Es tremendamente grave que todos los municipios tengan las mismas obligaciones pero no los mismos derechos», señaló Sanmartín, que además denunció que Moliner «ha aprendido de Carlos Fabra y se ha especializado en excluir a determinados municipios de las ayudas de la diputación por razones partidistas y demográficas».
En este sentido, apuntó que «no se puede permitir que la diputación firme convenios singulares sólo con ayuntamientos del PP, pues de los 3,2 millones de euros destinados a los mismos, el 81 por ciento ha ido a consistorios del PP, cuando los ayuntamientos que reciben las ayudas apenas representan el 20 por ciento de la población».
Así mismo, criticó que del presupuesto de los Planes de Obras y Servicios (POYs) queden excluidos los municipios de más de 20.000 habitantes, «a los que se les da una cantidad mínima para pedanías». También enumeró otras ayudas de las que quedan excluidos estos municipios, como las destinadas al Plan de Conservación de Viviendas.
