Técnicos de la Conselleria de Economía Sostenible ratificaron ayer ante el juzgado de instrucción número 1 de Nules las presuntas irregularidades en subvenciones públicas de cursos de formación de la Confederación de Empresarios de Castelló, según fuentes jurídicas.
Declararon esta semana como testigos dentro de la causa que investiga el cobro de cursos de seguridad laboral para trabajadores impulsados por la CEC que no se habrían realizado por valor de 418.700 euros en los años 2009 y 2010. Y confirmaron que el dinero que destinó el Servicio Valenciano de Empleo (Servef) para los citados cursos no se utilizó en el cometido previsto. En la causa, en la que se ha personado la Generalitat, hay diez investigados por presuntos delitos contra Hacienda y falsedad documental, entre los que se encuentra el secretario general de la patronal castellonense, Rafael Montero, y el directivo José Antonio Espejo.
El Consell llevó a cabo en 2014 una investigación tras ser advertido por la Agencia Tributaria de que dos empresas que habían hecho cursos para la CEC en 2009 y 2010 carecían de empleados y de recursos para ello. El Servef solicitó el reintegro de las ayudas concedidas y, aunque la patronal lo devolvió, presentó una denuncia ante la fiscalía, que la derivó a los juzgados.
El presidente de la CEC, José Roca, y el secretario general, Rafael Montero, sostienen que se actuó conforme a la ley y subrayan que los cursos fueron inspeccionados por el Servef.
En este contexto, la Confederación de Empresarios de Castelló afronta hoy la junta directiva más tensa que se recuerda en su historia. La cúpula valorará si nombra una gestora y pone fin a los 29 años de José Roca y Rafael Montero, pero para ello deberá vencer la resistencia del actual presidente, que confía en que la patronal lo avale a cambio de prometer la puesta en marcha de un nuevo plan de viabilidad que garantice el futuro de la organización.
Roca asiste a la junta directiva con uno de su cuatro vicepresidentes dimitido -representante de Ascer- y con la amenaza de cese de los otros vicepresidentes. El objetivo del sector crítico es que Roca acepte la designación en su lugar de una gestora, que podría ser dirigida por vocales de su junta, que se encargaría de organizar la asamblea electoral de la que saldría un nuevo presidente.
Intentará hacer ver a Roca que su propuesta de relevo no se trata de una cuestión personal sino de la mejor opción para reflotar a la CEC, que afronta uno de sus peores momentos por la caída de las ayudas públicas y la causa judicial. También subrayan que su permanencia perjudica a la patronal castellonense en su pugna con Cierval.
Pese al órdago lanzado por sus vicepresidentes, Roca insistirá en conservar el cargo el tiempo que planteó cuando fue revalidado en junio de 2015 (un año y medio, es decir, hasta 2017), y para ello expondrá que ha preparado un plan de viabilidad de tres años para enderezar el rumbo de la CEC.
Fuentes de la patronal entienden que Roca pretende continuar para poder demostrar su buen hacer en el caso de los cursos de formación y para no dar la impresión de que abandona el barco en el peor momento.
El presidente confía en superar las fricciones y que la patronal lo ratifique de manera mayoritaria, tal como sucedió en las elecciones de hace un año, cuando un sector crítico tanteó una candidatura alternativa pero al final se echó atrás.
Sin embargo, ahora la contestación ha crecido respecto a la asamblea electoral y las críticas han surgido de sus propios vicepresidentes, que provienen de tres federaciones capitales del tejido económico provincial como Ascer, transporte, construcción y Cepymec. El representante de Ascer no ha dudado en dimitir de su vicepresidencia, y hoy, desde la CEC subrayan que se producirán entre dos y tres más si Roca no asume su marcha. La continuidad del dirigente dependerá de la opinión del resto de representantes de la junta directiva.
