El presidente de la Confederación de Empresarios de Castelló, José Roca, superó ayer la junta directiva pero su gestión económica no salió indemne. La cúpula de la patronal exigió explicaciones por la existencia de un agujero cercano al medio millón de euros en las cuentas de la CEC de 2016.

Roca, en el cargo desde 1987, afrontó una de las reuniones más complicadas de sus 29 años de presidencia tras cesar la semana pasada uno de sus cuatro vicepresidentes y amagar el resto con dimitir en el día de hoy. Ayer nadie planteó un relevo y no hubo más renuncias. En la junta se abordó el presupuesto de 2016 de la patronal y el nuevo plan de viabilidad que ha elaborado el presidente para mejorar la situación económica de la organización.

El encuentro, no obstante, no fue una balsa de aceite para Roca y su permanencia y la de su secretario general, Rafael Montero, sigue en jaque. Parte de la junta dudó de la viabilidad de la previsión económica de este año y cuestionó el importante desfase existente entre ingresos y gastos en el presupuesto. El déficit ordinario sobrepasa los 200.000 euros, a los que hay que sumar otra partida similar que corresponde a un pago del Consell y que no se abonará hasta 2017. Cada mes, explicaron desde la CEC, la patronal registra unas pérdidas cercanas a los 30.000 euros y la patronal castellonense puede llegar a tener serios problemas a final de año, añadieron las mismas fuentes. Cierval ha realizado una provisión de 200.000 euros para evitar una posible entrada en concurso de acreedores de la CEC.

El presidente prometió a la junta que ofrecerá aclaraciones del presupuesto de este ejercicio y, especialmente, del desfase entre ingresos y gastos, en una próxima reunión. El sector crítico eludió pedir su marcha y esperará al citado encuentro para tomar una decisión, sin descartarse más dimisiones tras la producida por el vicepresidente de Ascer.

Plan de viabilidad para 5 años

En un intento de reforzar su figura, Roca presentó un plan de viabilidad con un horizonte de cinco años vista con el que asegura que mejorará la liquidez de la CEC. Su objetivo es incrementar la autosuficiencia de la organización mediante un incremento de los ingresos procedentes de las empresas. También introducirá ajustes como un ERE de reducción de jornada en la actual plantilla. Pero la patronal admite que harán falta nuevas vías de financiación aparte de las cuotas empresariales. Tanto el presupuesto como el plan de viabilidad han de ser aprobados por la asamblea de la CEC.

Deuda de 1,2 millones

Desde la CEC subrayaron que la entidad arrastra una deuda de 1,2 millones por ayudas del Consell en cursos de formación, que se pagan con retraso o se encuentran retenidas porque la Generalitat reclama más concreción para concederlas.

La patronal tiene recurridos estos impagos en el contencioso y espera recuperar entre 300.000 y 400.000 euros. De estos 1,2 millones, forman parte los 418.000 vinculados al presunto fraude de los cursos de formación que no se habrían realizado en 2009 y 2010 que investiga un juzgado de Nules. Técnicos de la Conselleria de Economía Sostenible, tal como avanzó ayer este diario, admitieron, en su declaración ante el juez como testigos, que la financiación destinada para estos cursos no se utilizó para este cometido. En esta deuda también se incluyen otros 120.000 euros que recientemente incorporó la investigación a instancias del Servef por unos cursos impartidos por el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, sociedad dependiente del Servef. El Servicio Valenciano de Empleo denunció que estos fondos no fueron justificados.

Hay investigadas diez personas, entre otras, el secretario general de la CEC, Rafael Montero, y el directivo José Antonio Espejo. La junta directiva obvió ayer el proceso judicial.