30 de mayo de 2016
30.05.2016
Caso Castor

Medio Ambiente no tenía competencia en los «riesgos sísmicos» de Castor

El juzgado de Vinaròs retoma la segunda fase de declaraciones por la causa del almacén de gas

30.05.2016 | 17:42

El juzgado de Vinaròs ha retomado hoy la segunda fase de declaraciones en la causa que investiga presuntas irregularidades en la tramitación de la plataforma de gas Castor, cuya actividad fue paralizada en 2013 tras una oleada de 300 terremotos en su entorno. En junio y julio desfilarán por los tribunales dos nuevos investigados y 18 testigos. El ex subdirector general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Ángel Muñoz, que aprobó la declaración ambiental para la construcción del almacén de gas, ha explicado que la DIA evaluaba los efectos de la actuación en el medio ambiente pero no tenía competencia en los riesgos sísmicos.

Según la defensa de Arca Ibérica, que se encuentra personada en el caso como acusación popular, el ex alto cargo ha manifestado que la competencia en el análisis del citado riesgo correspondía a la Dirección General de Política Energética y Minas del Ministerio de Industria "al tratarse de un aspecto técnico que debe ser analizado en el proyecto elaborado por la promotora". Asimismo, ha señalado que su departamento no tuvo en consideración el riesgo de sismicidad dado que el informe del Instituto Geológico y Minero de España de 2007, ha aducido, declaraba la estructura de Castor "como apta para servir como almacenamiento de gas".

Además, ha recordado que Escal UGS –exconcesionaria de Castor– firmó un convenio con el Observatorio de las Tierras del Ebro para comprobar la sismicidad en la zona.

Las comparencias continuarán hoy con la del director del proyecto Carlos Barat. Luego proseguirán 18 testigos. El 1 de junio será el turno de Carlos Martínez Alonso, expresidente del Instituto Geológico y Minero de España; Joan Ferrando Doménech, presidente de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sènia; Mariano de Suñer del Cerro, de la mercantil Río Cenia S. A; y Àngels Gómez Puig, técnica del área de proyectos de la Dirección General de Políticas Ambientales y de Sostenibilidad de la Generalitat de Catalunya.

El 2 de junio declararán Joan Miquel Torta Margalef, director del Observatorio del Ebro; Arantza Ugalde Aguirre, autora de las alegaciones efectuadas a la Memoria Resumen de Escal UGS S. L. y Estefanía Blanch, David Altadill y Juan José Curto, que mantuvieron las comunicaciones con Escal UGS S. L durante el episodio de seísmos.

El 4 de julio proseguirán las declaraciones como testigos de Ana Montero, Carlos Suárez, Rafael Orofino y Ricardo Carmona, técnicos que intervinieron del estudio ambiental; Julián García Mayordomo y Juan José Durán Valsero, redactores del informe del IGME; mientras el 5 de julio lo harán Emilio Carreño, José Manuel Martínez Solares y Juan Vicente Cantavella Nadal, autores del informe del Instituto Geográfico Nacional.

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