El ex director general de Evaluación Ambiental del Ministerio de Medio Ambiente, Ángel Muñoz, reiteró ayer que el estudio de impacto ambiental de la planta Castor eludió analizar el riesgo de sismicidad porque no era su competencia. Sostuvo que este trámite evalúa los posibles efectos en el medio ambiente pero no sus riesgos e indicó que esta cuestión es competencia del Ministerio de Industria.
Muñoz, que ocupó dicha dirección desde julio de 2008 hasta mayo de 2009 y que elevó para su aprobación la primera propuesta de impacto ambiental de Castor, declaró como investigado en los juzgados de Vinaròs, que ayer inició una segunda ronda de declaraciones en la causa del almacén de gas, que contempla otros dos investigados que se unen a los primeros 18, más otros 18 testigos.
El juez instruye diligencias por supuestos delitos de prevaricación medioambiental y otro contra el medio ambiente y los recursos naturales por obviarse el riesgo sísmico en una planta que paralizó su actividad tras una oleada de 300 terremotos.
Muñoz sostuvo, explicaron fuentes de la acusación popular Arca Ibérica, que el departamento competente para evaluar el riesgo sísmico en la Dirección General de Política Energética y Minas, y añadió que la declaración ambiental no tuvo en cuenta esta consideración porque el informe del Instituto Geológico y Minero de España de 2007 validó la planta de gas. Asimismo, apuntó que Escal UGS -exconcesionaria de Castor- firmó un convenio con el Observatorio de las Tierras del Ebro para comprobar la sismicidad en la zona.
Las comparecencias continuarán hoy con la del director del proyecto Carlos Barat también como investigado. Luego, la instrucción continuará con la declaración de 18 testigos entre junio y julio. El 1 de junio, entre otros, será el turno de Carlos Martínez Alonso, expresidente del Instituto Geológico y Minero de España; Joan Ferrando Doménech, presidente de la Plataforma en Defensa de las Tierras del Sènia que desde el primer momento advirtió del riesgo de terremotos; y Àngels Gómez Puig, técnica del área de proyectos de la Dirección General de Políticas Ambientales y de Sostenibilidad del Govern de Catalunya. Proseguirán posteriormente técnicos que participaron en la redacción de informes relacionados con Castelló.
La instrucción, que se mantiene en Vinaròs pese a los intentos de Escal por trasladar el caso a Madrid, supera los 13.000 folios. Fue declarada el pasado enero causa compleja por el número de investigados, la complejidad de los delitos y el volumen de documentación susceptible de ser sometida a análisis periciales. Como acusación particular también se ha sumado al proceso judicial una plataforma de afectados (Aplaca).
