Tras la exposición al público del borrador de la ordenanza para la regulación de la Ocupación de la Vía Pública y el estudio del informe técnico sobre las citadas objeciones y propuestas de resolución sobre las mismas, el Ayuntamiento de Peñíscola en sesión plenaria extraordinaria, aprobó ayer de forma definitiva, con doce votos a favor (PP, PSPV-PSOE, Ciudadanos, más los dos concejales no adscritos a grupo) y la abstención del concejal de La Roca, el texto de la ordenanza municipal.
La nueva normativa, que ya entrará en vigor con el inicio de la temporada estival en el municipio, contempla tres puntos que todo local tiene que cumplir. Así, la ordenanza prohíbe la captación de clientes en vía pública, regulará la cartelería en la misma y garantizará los accesos y pasos de los peatones en los distintos viales para que la ocupación de la vía pública por parte de los distintos establecimientos no les genere un perjuicio.
El edil de Urbanismo, Romualdo Forner, manifestó que se trata de «un documento de consenso que partía de un borrador que el equipo de gobierno facilitó a los grupos municipales en el mes de diciembre y que ha contado con una amplia participación y consenso, tal y como se ha visibilizado en la votación plenaria».
Los portavoces municipales han podido debatir el documento de base y conocer el resultado de las alegaciones en hasta tres juntas de portavoces, dos comisiones informativas y una reunión monográfica sobre el documento. Además, los concejales delegados de las áreas de Urbanismo y Turismo han mantenido sendas reuniones con los distintos colectivos interesados y particulares con el objetivo de clarificar y consensuar los objetos de la propia norma que son «garantizar el buen uso de la vía pública, regulando y castigando el abuso», aseguró Forner.
Entre las alegaciones presentadas, destaca la solicitud de una moratoria a los establecimientos ya existente para que tengan un tiempo para poder adaptarse a la normativa. La propia patronal turística local Agretur fue la que realizó esta petición y, tras estudiarla, se ha añadido al borrado inicial el establecimiento de un plazo de amortización para todos aquellos propietarios que hayan realizado una inversión en una terraza o estructura previamente a su legalización, si los supuestos que establece la ordenanza así lo contempla, antes del verano del 2018; y para su retirada si ésta no es legalizable, antes de verano de 2019. «De esta forma los propietarios podrán contar con un tiempo de carencia para la aplicación de la ordenanza que les permita amortizar su inversión y adaptarla».
Sanciones
El incumplimiento de la nueva ordenanza conllevará unas sanciones y las infracciones se han establecido de leves a muy graves. Las leves conllevarán a una multa de 150 a 750 euros; las graves de 751 a 1.5000 euros y la retirada inmediata de los elementos que incumplan las condiciones de la autorización o cualquiera de las condiciones exigibles. Y, por último, las infracciones muy graves suponen una multa de 1.501 a 3.000 además de la retirada inmediata de la instalación si no se subsana el problema, la revocación de la autorización para la temporada en curso o la inhabilitación del establecimiento para la ocupación de la vía pública la siguiente temporada.
En cuanto a la posibilidad de ocupar con terrazas más metros de los que proyecta la amplitud de la fachada del local, uno de los puntos que ha generado más debate, el documento definitivo propone ceñirse a esta condición, pudiéndose ampliar a emplear el espacio de fachada de locales colindantes estando esta circunstancia supeditada al acuerdo entre particulares.
En cuanto al casco antiguo, el concejal del área, ha anunciado haber iniciado las tareas técnicas para la aplicación de una norma específica para este entorno singular, al amparo de su Plan Especial de Protección para poder completar la tarea de regulación de la ordenanza de la vía pública en la totalidad del municipio. Se espera que entre en vigor la próxima Semana Santa.
