03 de junio de 2016
03.06.2016

Castor cesó su actividad cuatro días después de empezar los seísmos

El Observatorio del Ebro, que colaboraba con Escal, alertó de los terremotos y los vinculó con la inyección de gas

03.06.2016 | 08:11
Planta de Castor.

Escal UGS paralizó la inyección de gas en la planta Castor cuatro días después de recibir la primera advertencia el Observatorio del Ebro sobre un incremento de la actividad sísmica en la zona, según testificó ayer en el juzgado de Vinaròs Estefanía Blanch, que cuando se produjo la crisis sísmica (septiembre de 2013) vigilaba la sismicidad de la zona a través del Observatorio del Ebro, organización que había contratado para ello la empresa de Castor (Escal UGS).

El Observatorio del Ebro, una institución en la que colaboran el CSIC y la Universitat Ramón Llull, firmó un convenio con Escal en 2007 para vigilar a la actividad sísmica y mantuvo contacto directo con la concesionaria durante la ola de terremotos, que derivó en la suspensión y posterior hibernación del almacén de gas. Ayer, el juez que lleva la causa de Castor recabó los testimonios de los responsables del Observatorio del Ebro que hicieron seguimiento de Castor: Joan Miquel Torta (director de la entidad), Arantza Ugalde (técnico de la sección de sismología, Estefanía Blanch (encargada del control y supervisión de las tareas de monitorización de la actividad), y David Altadill y Juan José Curto (integrantes del Observatorio.

Torta y Ugalde recordaron que en 2005 instaron mediante una carta a Escal a incorporar estudios de sismicidad en su proyecto al considerar que la actividad proyectada era «susceptible de alterar el mapa de peligrosidad sísmica en la zona». La respuesta de la concesionaria, continuaron, llegó dos años más tarde tras una conferencia en la Cámara de Comercio de Tortosa del entonces subdirector general de Hidrocarburos del Gobierno, Ignacio Nieto, en la que los citados representantes del Observatorio le trasladaron sus recomendaciones. Unos días después, afirmaron, la empresa se puso en contacto con el Observatorio y firmó el citado convenio, por el que la firma adquirió un equipo de 300.000 euros y contrató a un técnico para realizar tareas de supervisión.

El Observatorio dio el primer avisó de un aumento de la actividad sísmica, relató Blanch, el 10 de septiembre de 2013. El 12 insistió con el incremento de la magnitud de los seísmos y prosiguió el 13, día en el que señaló que se habían registrado 147 terremotos. La empresa, manifestó Blanch, según fuentes de Arca Ibérica, cesó la inyección de gas cuatro días después del primer aviso, el 14 de septiembre. El Ministerio de Industria optó finalmente por hibernar la planta e indemnizó con 1.300 millones a la concesionaria. El juzgado de Vinaròs investiga si se produjeron presuntos delitos contra el medio ambiente por no detectarse el riesgo sísmico en la tramitación del almacén.

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