El Defensor del Pueblo le ha sacado los colores a la Secretaría de Estado de Energía del Ministerio de Industria al tener serias dudas sobre el pago de 1.350 millones de euros a la empresa Escal UGS como indemnización por el fiasco que ha resultado ser la planta de gas Castor frente a la costa de Vinaròs. El expediente, abierto por este organismo a instancias de la Plataforma Ciutadana en Defensa de les Terres del Sénia, tiene fecha de salida del 31 de marzo de 2016 y da a entender que hubo quizás precipitación a la hora de pagar a la empresa, sobre todo porque no quedó aclarada la responsabilidad de la mercantil, así como el estado en el que el Gobierno asumía las instalaciones.
El Defensor del Pueblo, analizando los informes de la Secretaría de Estado, considera que «antes de conocer las circunstancias concretas que han llevado al abandono de la concesión del almacén gasista Castor, esa Administración ha procedido al pago de la inversión», por lo que se pregunta sobre «la procedencia o no de la indemnización pagada».
Un aspecto al que no se hacía alusión en el informe de la Secretaría de Estado, cuando se refiere a las responsabilidades, era la valoración de la hibernación decretada sobre la planta y si «implica o no que las instalaciones sean operativas, requisito indispensable para la procedencia de la indemnización por así requerirlo el artículo 14 del Real Decreto 855/2008».
Precisamente, Enagás, que asumió en diciembre de 2014 la plena administración de las instalaciones una vez se pagaron a Escal UGS los 1.350 millones de indemnización, decidió solicitar con posterioridad un estudio al Instituto Tecnológico de Massachussets (MIT) para saber, entre otros aspectos, si las instalaciones están o no operativas y si procede su desmantelamiento. Este informe, que se espera esté concluido antes de que acabe 2016, puede determinar además si Escal adoptó o no las medidas oportunas y, en consecuencia, si al final habría que «minorar» los pagos que se han realizado a la empresa.
El Defensor del Pueblo también considera que «no se dio una explicación sobre el procedimiento para llegar a la cuantía de la indemnización, y mucho menos sobre los motivos para la retribución financiera anual que va a percibir Enagas». En cuanto a las consecuencias sociales y económicas que ha producido y produce el almacén en su entorno, centrado en el episodio de terremotos que vivió la zona en 2013, lamenta que desde el ministerio «únicamente se ha hecho alusión a que se hará una campaña de información ciudadana, sin tener en cuenta además el riesgo futuro por posibles movimientos sísmicos», recordando que «se trata de una zona que se puede ver castigada por la falta de turismo, así como otro tipo de inversión».
Compromís quiere el cierre
El senador territorial de Compromís por Castelló Carles Mulet, que dio a conocer ayer el informe del Defensor del Pueblo, ha señalado que su formación propiciará que durante el presente año «se garantice el cierre de las instalaciones de Castor» frente a las costas de Vinaròs «una vez se conozca el informe del Instituto Tecnológico de Massachussets».
Para Compromís, el escrito de Francisco Fernández Marugán, adjunto primero del Defensor del Ciudadano, muestra un informe «en nuestra opinión alarmante». En ese estudio, ha dicho Mulet, «se constata lo que consideramos una «ligereza» y «falta de diligencia» al realizar el pago a la empresa promotora Escal UGS, sin que se hayan depurado las eventuales responsabilidades en las que pudiese haber incurrido».
El senador agrega que no entendería «un informe privado del MIT partidario de reabrir la planta o que desmintiera al IGM o IGN, por lo que vamos a reclamar al futuro gobierno que se desmantele la planta y se depuren las responsabilidades». Compromís reclamará copia del informe técnico de Enagás Transporte SAU sobre el estado de las instalaciones recibidas, el grado de cumplimiento de la normativa vigente, las inversiones a realizar para corregir las deficiencias que presente y la priorización de las inversiones a realizar.
Caba recordar que el pasado mes de marzo todos los grupos, a excepción del PP, aprobaron en la Comisión de Industria del Congreso pedir al nuevo Gobierno desmantelar las instalaciones marinas y terrestres del almacén de gas y recuperar en la medida de lo posible las indemnizaciones.
