El escándalo de la formación en la Confederación de Empresarios de Castelló (CEC) está adquiriendo tintes más que peligrosos para la actual directiva, cuestionada por su gestión y con la reciente dimisión de un vicepresidente y el tesorero. El titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Nules reveló en un interrogatorio que el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló (sociedad dependiente de la CEC) fue vaciado con 25 extracciones, la mayoría de ellas cheques, valoradas cada una en entre 22.000 y 24.000 euros, según confirmaron a Levante de Castelló fuentes conocedoras del proceso. El juez preguntó a Rafael Montero, secretario general de la patronal de Castelló y consejero delegado de esta empresa de cursos de formación, sobre el motivo de estos movimientos bancarios, que se produjeron todos en el año 2011, según las mismas fuentes. Montero dijo desconocerlos.
El interrogatorio a Rafael Montero por la causa del presunto fraude de los cursos de formación fue largo y tenso. El juez le enseñó todos los movimientos bancarios del Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló, investigado ya en el proceso por presuntamente haber cobrado 120.987,9 euros para cursos de la Generalitat que no fueron debidamente justificados.
El instructor le preguntó por qué había 25 movimientos de cuenta muy similares. Extracciones de entre 22.000 y 24.000 euros. Algunos de los cheques eran al portador y con cantidades exactamente iguales. Montero, que es consejero delegado de esta sociedad de la patronal, no supo contestar a esta pregunta y alegó desconocimiento. José Roca, presidente de la CEC, es también presidente de esta sociedad.
Los cheques hallados por los investigadores no van a nombre de ninguna persona, pero lo que sí que acreditan los movimientos bancarios es que, sólo en 2011, habría salido de la cuenta de esta empresa que recibió abundantes subvenciones públicas alrededor de medio millón de euros.
Cabe recordar, como contó este periódico en exclusiva, que el Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castelló está desde el año 1999 sin presentar las cuentas en el registro mercantil. Esto denota una gran falta de transparencia por parte de los administradores y ya ha sido criticado por miembros de la patronal autonómica y de la nacional CEOE.
Investigación judicial
Según la documentación que ya investiga la justicia, el pasado 16 de diciembre el juez instructor del caso de las ayudas de formación de la CEC reclamó al Servef toda la información relativa a las ayudas de formación del Instituto de Fomento y Formación Empresarial de Castellón. En este caso, los cursos los habría gestionado directamente la patronal y no aparecerían terceras empresas, como ha ocurrido con las otras ayudas investigadas.
El pasado mes de abril, el juez instructor declaró la causa compleja por «la gran cantidad de investigados» y la necesidad de someter al análisis de los peritos la abundante documentación recabada. Además, aún están pendientes de practicarse diligencias de investigación «esenciales» para culminar la instrucción.
En estos momentos hay diez imputados. Se investiga una primera denuncia de la Fiscalía por valor de más de 400.000 euros y sendas ampliaciones de la Generalitat por valor de unos 120.000 euros más cada una. La investigación revela ahora que de la empresa opaca para cursos de la CEC se habrían extraído 500.000 euros sin justificación.
