Una coalición formada por el PSPV y Compromís, con el apoyo en la barrera de Castelló en Moviment, asumió el 13 de junio de 2015 la vara de mando del ayuntamiento. Las tres formaciones rubricaron el Pacte del Grau y pusieron fin a 24 años de gobiernos del Partido Popular. Por primera vez en la historia de la ciudad, una mujer, la socialista Amparo Marco, dirigía la alcaldía. En estos doce meses, el equipo de gobierno ha puesto los cimientos de una nueva forma de hacer política en la que subraya que prioriza las políticas sociales, la transparencia en la gestión y un crecimiento de ciudad sostenible frente a las grandes obras de antaño.

«No se trata de dejar de hacer favores a unos para hacerlos a otros, se trata de dejar de hacer favores y someterse al proceso del imperio de la ley», destaca Nomdedéu en las redes sociales para definir el guión del nuevo ejecutivo. Marco, como alcaldesa, y Nomdedéu, de vicealcalde, comparten protagonismo en un gobierno local que se caracteriza por una gestión colegiada en un ayuntamiento acostumbrado a los ejecutivos personalistas del PP. Se encuentra en minoría ya que su socio de Castelló en Moviment optó por respaldarlo pero desde fuera. El ejecutivo tuvo un encontronazo a finales de 2015 con CSeM por la revisión de las ordenanzas fiscales, pero luego limó asperezas y por regla general las relaciones han sido estables.

Los munícipes progresistas proyectan sus esfuerzos en bienestar social. No lo han tenido fácil, ya que los planes de austeridad del Ministerio de Hacienda condicionan la acción de los ayuntamientos y les obligan a priorizar la devolución de la deuda, pero dentro de los márgenes que permite el Gobierno, han optado por reducir el pago de amortizaciones y aumentar el gasto social. Así, ha incrementado este año un 20 % el presupuesto de emergencia social, ha firmado convenios con las compañías de gas y luz para evitar cortes energéticos en hogares necesitados y ha activado el plan de empleo local. En materia de desahucios, ha creado una oficina de vivienda para asesorar a afectados y negocia con los bancos la cesión de pisos para alquiler. Pero en este caso su hoja de ruta se ha visto ralentizada por la escasas viviendas sociales heredadas del PP y las reticencias de las entidades financieras a cederlas. Otro objetivo es la redacción de un nuevo Plan General de Ordenación Urbana e impulsar un modelo de ciudad más compacto. Apuesta por la rehabilitación de vivendas y por desarrollar pequeñas actuaciones urbanas. Ha recuperado el diálogo con los vecinos de Mestrets y ha solicitado fondos a la UE para llevar a cabo un plan de regeneración del Grau.

En inversiones, el ejecutivo resalta que ha generado actuaciones valoradas en 19 millones de euros gracias al superávit en las cuentas. Otro reto ha sido reforzar la transparencia; para ello ha creado un nuevo portal de gobierno abierto, que contempla información municipal y promueve diversas consultas ciudadanas.

Son unos primeros pasos dados por el gobierno progresista. Ha tenido que lidiar sin mojarse en el debate sobre los «bous al carrer» y ha buscado un punto intermedio en la laicidad de la institución que defiende CSeM.