Las dos desaladoras de Castelló, que supusieron una inversión conjunta de casi 120 millones de euros, tienen un futuro incierto. La entidad estatal Acuamed, que de forma periódica ha venido anunciando la puesta en marcha, admite ahora no saber cuándo empezarán a aportar agua. Una decisión que deja en manos del Gobierno central que salga del 26J.
Los ayuntamientos de los municipios conectados a las plantas de Cabanes-Orpesa y de Moncofa coinciden en que hace meses que no saben nada del tema, ya que no han vuelto a reunirse con técnicos ministeriales. Acuamed confirma que no ha habido ningún avance significativo de un tiempo a esta parte. Según señalan desde el organismo estatal, el hecho de que el Gobierno esté en funciones impide adoptar una resolución definitiva sobre las plantas. Será el próximo ejecutivo el que decida cuándo y cómo las activa, añaden.
Acuamed trasladó en noviembre a este diario el estado de las infraestructuras. Confirmó que las obras de la planta de Moncofa concluyeron a finales de 2014, mientras que las de la de Orpesa finalizaron en agosto de 2015. Ambas desaladoras, añadieron, «están en condiciones de producir agua». Siete meses después, siguen paradas y no hay previsión de que entren en funcionamiento a corto plazo.
Las desaladoras suponen un problema para los ayuntamientos que hace una década, en plena fiebre urbanística, firmaron convenios con Acuamed: Orpesa, Cabanes, Benicàssim, Moncofa y Xilxes. Como usuarios, tienen que sufragar la inversión que avanzó el Estado. Además, el coste del agua desalada triplica la factura actual. El ayuntamiento de Moncofa, por ejemplo, debería pagar 1,3 millones de euros anuales -en concepto de amortización de la planta más el consumo de agua-cuando el presupuesto municipal ronda los 12 millones de euros. Una carga inasumible.
El Ministerio de Medio Ambiente ha buscado fórmulas que permitan la puesta en marcha de las desaladoras sin lastrar a los ayuntamientos. Una solución que se ha planteado ha sido ampliar el plazo de 25 años de amortización, con lo que la cantidad anual que abonarían los ayuntamientos sería menor. Otra podría ser establecer un periodo de carencia, durante el cual los municipios sólo pagarían por el agua y no por las obras. Sin embargo, no se ha llegado a ningún acuerdo con los municipios.
No hay demanda
El problema de fondo es que no existe una demanda de agua que sustente a las desaladoras, que se proyectaron para abastecer a unos complejos inmobiliarios (los famosos PAI de golf) que nunca vieron la luz.
Por otra parte, hay información contradictoria sobre la fecha en que caducan los fondos europeos con los que se financiaron las plantas. Acuamed advirtió de la necesidad de poner en marcha las desaladoras en 2015 para no perder las ayudas, mientras que ahora sostiene que no peligran porque las obras ya están finalizadas. Por su parte, la Comisión Europea indicó que las plantas deben estar en uso en 2017 para no retirar la financiación.
