Nuevo frente a la vista entre la Generalitat y la diputación. La ley de mancomunidades que prepara el Consell supone un órdago al poder provincial al apostar por un modelo territorial basado en las comarcas, con las que la diputación tendrá que colaborar de manera obligatoria. Se trata de un planteamiento diametralmente opuesto al del presidente castellonense, Javier Moliner, quien en su día abrió el debate sobre la supresión de las mancomunidades.
Como informó ayer este diario, el borrador de la ley en ciernes recoge que las diputaciones estarán obligadas a auxiliar a las mancomunidades en el ejercicio de sus actuaciones. Así, los entes provinciales deberán contar «necesaria y prioritariamente» con los organismos comarcales para la prestación de servicios obligatorios y esenciales, así como para la modernización de la gestión de los pequeños municipios. Las diputaciones tendrán que aportar fondos y asistencia técnica y jurídica.
La iniciativa supone un nuevo torpedo de Ximo Puig al poder provincial, que pretende diluir a través de la potenciación de entidades comarcales. Precisamente, el presidente de la diputación castellonense, Javier Moliner, planteó suprimir las mancomunidades al poco de asumir el bastón de mando. Fue en la denominada «Cumbre de Cabanes», en la que Moliner reivindicó el valor institucional de las diputaciones como principal aliado de los ayuntamientos. Lo hizo como respuesta al debate que se había generado en la campaña de las generales de 2011 sobre la pervivencia de las entidades provinciales. Con los mismos argumentos de los que se oponían a las diputaciones, Moliner cuestionó la utilidad de las mancomunidades.
«Propongo incluir el estudio sobre el futuro de otros entes supramunicipales, como las mancomunidades, que en muchos casos son como una quinta administración que genera unos costes, asumiendo competencias que pueden prestar otras instituciones», proclamó. El mandatario popular se mostró a favor de consorciar servicios, pero no de las mancomunidades, «que chupan recursos». La propuesta generó críticas de ayuntamientos, incluidos del PP, partidarios de la continuidad de estas estructuras supramunicipales.
Con posterioridad, Moliner ha manifestado que el propósito de la izquierda a través de la comarcalización no es otro que el de diluir la provincia para que la diputación no ejerza de contrapoder territorial de la Generalitat. A su juicio, se trata de un ejercicio de centralismo autonómico que pretende mitigar la voz reivindicativa de la periferia.
