El exgerente del Hospital Provincial Rafael Arce trasladó ayer a la Conselleria de Sanidad el informe de incidencias que elaboró en 2015 (cuya existencia desveló ayer este diario), en el que detalla un cúmulo de posibles irregularidades cometidas por sus predecesores en la dirección del centro. Sanidad remitió el documento a la Fiscalía para que lo adjunte a las 4.713 facturas aportadas.
El informe del exgerente constata que durante años el hospital castellonense se saltó de forma sistemática los cauces reglamentarios. En octubre de 2013, el consorcio hospitalario recibió de la Conselleria de Sanidad un crédito de 7,3 millones para que hiciera frente a las múltiples sentencias por impagos a proveedores. Sin embargo, sólo 1,7 millones fueron a parar a las empresas suministradoras, pese a que los fondos de la conselleria eran finalistas. El resto, casi 5,7 millones, fueron a la caja del hospital para pagos de diversa índole que no detalla.
Rafael Arce incide en que el Provincial incumplió los requisitos de la ley de contratos del sector público. Incluso en los casos en que no era preceptivo convocar un concurso, no se asumió la exigencia de solicitar tres ofertas. Así ocurrió con el servicio de televisión de las habitaciones, adjudicado «contra legem» y de forma «totalmente arbitraria» a la única oferta, la de Mummy and Conguitos.
Relación de facturas
Por otra parte, desvela la existencia de proveedores que facturaban cantidades importantes sin que mediara contrato. Aporta una relación de 155 facturas por importe de 351.964 euros abonadas entre enero y junio de 2014 a la firma Domotecnic sin ningún expediente. Arce recalca que hay otros proveedores con los que tampoco se realizaron los procedimientos de compra reglados.
El exgerente también constató que había empresas adjudicatarias de servicios que facturaban al hospital importes muy superiores al estipulado en el contrato. Según señala, dichos excesos no pasaron por ningún proceso de concurrencia ni se pidieron presupuestos alternativos. Arce cita el caso de Telecso, responsable de mantenimiento. Al respecto, subraya que el pliego de adjudicación incluía «la totalidad de las operaciones de mantenimiento, tanto preventivo como correctivo, por lo que no podría justificarse el pago de mayor importe».
Toda esta información la puso en conocimiento de los servicios jurídicos del Hospital Provincial para que determinaran si los hechos relatados podían ser constitutivos de alguna infracción. Nunca obtuvo respuesta.
Arce depositó el informe en una notaría de Castelló tras recibir amenazas de muerte, con la directriz de que lo sacara a la luz pública si le pasaba algo. Ayer lo remitió a la Conselleria de Sanidad, que, a su vez, lo derivó a la Fiscalía para que lo añada a las facturas presuntamente irregulares por importe de 25 millones de euros. Un juzgado de Castelló instruye el caso de las amenazas, que Arce vinculó a su determinación por «desmontar el chiringuito» del Hospital Provincial.
Piden disolver el consorcio
La Asociación en Defensa de la Sanidad Publica de Castellón (ACDESA) reivindicó ayer la necesidad «urgente» de disolver el consorcio e integrar el Hospital Provincial en la red de la Generalitat.
Por su parte, CCOO ha solicitado a la consellera de Sanidad que se le haga partícipe del procedimiento por el supuesto pago irregular de 25 millones de euros. Según el sindicato, las facturas aportadas a la Fiscalía corresponden al periodo comprendido entre 2006 y 2015, «una época de continuos recortes presupuestarios recaídos también en la parte del personal».
