El equipo de gobierno de la Vall cumplirá con la advertencia que planteó la semana pasada de remitir a Fiscalía el expediente de investigación sobre el caso de los nichos vacíos en el cementerio municipal sin la declaración del concejal popular Óscar Clavell. Esta afirmación deriva de la presentación por parte de Clavell de un escrito en el consistorio apenas una hora antes de su citación ,prevista para ayer por la mañana, pidiendo «la suspensión de la declaración hasta que el Ministerio Fiscal resuelva la denuncia que interpuso el PP de la Vall por la filtración de documentos que obran en dicho expediente».

Clavell fue citado por segunda vez ayer para que explicara ante el instructor del expediente de investigación su versión de los hechos por los que se le acusa de haber favorecido supuestamente a terceras personas, incumpliendo la ordenanza municipal que regula la asignación de los nichos. Estos hechos se habrían concretado cerrando dos de ellos a pesar de estar vacíos por estar ubicados en zonas menos accesibles, haciendo que se adjudicara otros más bajos a los beneficiados.

La primera vez en que Clavell debería de haber acudido a declarar fue la semana pasada, pero días antes su partido presentó la citada denuncia ante la Fiscalía por considerar que se estaban realizando filtraciones del expediente a los medios de comunicación que ellos consideran «información reservada». Como consecuencia, el instructor del expediente presentó su renuncia y el proceso se paralizó.

El lunes pasado la Junta de Gobierno Local decidió rechazar esta renuncia y volvió a citarse a Clavell para ayer a las diez de la mañana, pero el ex alcalde y actual candidato al Congreso por el Partido Popular, decidió no hacer uso de este derecho argumentando que «las filtraciones vulneran de manera evidente los derechos del concejal como principal investigado», tal y como se defendió desde el PP en un comunicado.

La visión del equipo de gobierno es bien distinta. Como expuso el teniente de alcalde, Antoni Llorente, este sería un «un mecanismo para obstaculizar la investigación», pero sobre todo «para retrasarla hasta después de las Elecciones». Así, al considerar que no existen causas justificadas, la decisión del tripartito es clara, el próximo lunes la Junta de Gobierno cerrará el expediente y lo remitirá a la Fiscalía para que determine «si las irregularidades cometidas tienen alguna responsabilidad legal».

Llorente considera que Clavell ha tenido al menos dos oportunidades para explicarse y «no lo ha hecho». Por su parte, el PP defiende a su portavoz argumentando que «la alcaldesa Tania Baños y el primer teniente de alcalde, Antoni Llorente, mienten al asegurar que Clavell se ha negado en dos ocasiones a declarar. Esa afirmación es falsa porque el concejal recibió el escrito de anulación por parte del instructor un día después de haber sido citado». Además, añadieron que «no se ha negado en ningún momento a declarar, ni a que la tramitación del expediente siga su curso, una vez el Ministerio Fiscal resuelva la denuncia interpuesta por el Partido Popular».

Llorente, en nombre del tripartito, entiende que los populares recurren a estrategias «poco transparentes» para dilatar el proceso y matizó que «toda la información ha estado a su alcance y han podido fotocopiarla, si hubiera sido secreta no habrían podido tener acceso a ella». Para Llorente lo importante es el fondo de la cuestión. Ayer aseguró una vez más que en sus declaraciones los trabajadores municipales habrían reconocido expresamente que al menos dos nichos están cerrados pero vacíos y que la orden de que fuera así la daría Clavell.

Pero a parte de estas evidencias, que deberá estudiar la Fiscalía, para el portavoz del tripartito el hecho que levanta más sospechas es que el Instituto Nacional de Estadística haya confirmado que «no existe el nombre de la persona que se utilizó en la lápida que cierra uno de esos nichos», lo que ya daría de por sí un fundamento para la investigación.