La Vall d'Uixó tendrá que pagar más de 150.000 euros en concepto de cotizaciones por las 500 personas que «se vieron obligadas a trabajar a cambio de recibir ayudas sociales», tal y como denunció ayer el concejal de Servicios Sociales, Antoni Llorente. Además, tendrán que tramitar toda la documentación en el mes de junio, siguiendo instrucciones de la Inspección de Trabajo.
Este no es el único inconveniente que esta problemática está ocasionando al consistorio. Además del económico, durante las últimas semanas «el departamento de personal está colapsado, porque tienen que abrir un expediente individual por cada persona afectada» y cada uno de ellos contiene detalles distintos y particulares, dado que cada trabajo dependía de la ayuda que se otorgaba.
Con todo, lo más problemático, según Llorente, será determinar de dónde saldrá ese dinero. El edil no dudó en señalar que la partida de Personal «es una de las que más sufren, hasta el punto que hay problemas incluso para cubrir una baja». Esta situación sería consecuencia, entre otras cosas, de que el ayuntamiento ha tenido que asumir el pago de algunas sentencias por denuncias presentadas por trabajadores, en concreto hay una que ronda los 130.000 euros «y a parte hay otros juicios pendientes de resolución» que tendrían su origen en las legislaturas anteriores.
El concejal responsable del área explicó que «todavía no sabemos de dónde saldrá en dinero, parece ser que hay un fondo de contingencia para este tipo de cosas», pero incluso existiendo una salida viable, «lo más triste es que tenga que destinarse tanto dinero a estas cosas y no a acciones en positivo».
La gravedad de los hechos también estribaría en que en el momento en que se decidió poner en marcha esta medida «desde la oposición del PSPV y EU ya advertimos de que podía pasar algo así» además existían «hasta siete informes distintos con reparos». A este respecto, el ex alcalde, Óscar Clavell, ya argumentó a principios de año, cuando se destapó esta problemática, que todas las decisiones «estuvieron avaladas por informes técnicos», a lo que añadió que «somos los primeros a los que no nos gusta que se haya producido, pero que quede claro que si nos hubieran informado bien, no lo habríamos hecho».
Otro de los problemas a los que se enfrentaba el equipo de gobierno era que se pudiera producir alguna incompatibilidad entre las ayudas concedidas a algunas de estas personas y el hecho de estar cotizando durante un período determinado «sin saberlo». Antoni Llorente aseguró que «desde la Inspección de trabajo se ha podido comprobar, por la documentación que se ha aportado, que los usuarios no sabían que se estaba produciendo esta situación y que estaban obligados a trabajar si querían recibir las ayudas». En este sentido, no se les repercutirá ninguna responsabilidad, algo que el edil sí que considera que debería exigirse a quienes motivaron la situación «por una decisión política».
La concesión de ayudas a cambio de realizar trabajos sociales fue tildada por CC OO como un problema «muy grave» dado que desde su punto de vista se trataba de contrataciones en negro, porque las personas que se acogían al programa de ayudas sociales «ni estaban dadas de alta, ni cotizaban y no se cumplían los requisitos básicos de protección», como explicó en su día la Secretaria General de la Intercomarcal de CC OO-PV Comarques del nord, Pilar Vera.
